El patrimonio valenciano amenazado

Conciertos ilegales en una alquería del siglo XVIII, patadas en la puerta de una antigua estación ferroviaria, pintadas en una batería republicana en la playa de El Saler o matorrales alrededor de los restos de un molino árabe. Son sólo algunos ejemplos del patrimonio arquitectónico más amenazado en Valencia, donde la ruina se extiende tanto en propiedades privadas como públicas por toda la ciudad.

«El Síndic de Greuges tiene más de 200 comunicaciones relativas a estos temas, entre peticiones nuestras, respuestas de la Administración y recomendaciones finales. En alguna ocasión ha hecho hasta cuatro de este tipo para un inmueble, como ocurre con la alquería de Serra, donde está a punto de tramitar la quinta en pocos años». Quien habla así es César Guardeño, portavoz de la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio. En total, se han tramitado 35 casos, la mayoría con recomendaciones para que se actúe con urgencia.

La entidad es la más activa de Valencia en cuanto a las reclamaciones que ponen el foco en la degradación de inmuebles protegidos por su valor patrimonial. «Trabajamos así desde 2012, para que nadie se confunda y crea que es algo contra el actual gobierno, no tiene nada que ver», subraya.

La periferia de Valencia está salpicada por numerosos ejemplos de alquerías abandonadas y donde sólo crecen matorrales, aunque la precaria situación afecta también a naves industriales, palacetes y restos de fortificaciones medievales. En el barrio del Grao hay un par de inmuebles, en la calle Juan Verdeguer, cubiertos con redes y a la espera de rehabilitación por el Consistorio.

«No sabemos más que la afirmación de que no tienen dinero». El presidente de la asociación vecinal, Jesús Vicente, se refiere así a una reunión mantenida con responsables de la concejalía de Deportes, dado que al menos una de las naves acogerá un polideportivo.

Forman parte del conjunto arquitectónico donde se sitúan Las Naves, tres fábricas restauradas y que acogen desde el anterior mandato fundaciones y entidades culturales y dedicadas a la innovación. Justo al lado, sendas redes colgadas en los laterales impiden el paso de las palomas a las viejas fábricas.

«Es la única manera de impedir que aniden», apunta Vicente. Las naves fueron noticia hace meses por los vertidos incontrolados que se producían. Bolsas repletas de escombros, montones de placas de escayola y residuos de todo tipo. De momento se ha acabado con eso, aunque en el entorno este paisaje ha sido sustituido por una pradera de matorrales. «Ahora el problema son los mosquitos y otras plagas», dice.

Justo al otro lado del viejo cauce, en el barrio de Nazaret, se levanta una antigua estación de FEVE, en desuso desde la riada de 1957. Es una propiedad privada protegida y que debe destinarse a una dotación pública. «El Ayuntamiento sí que hizo ahí una actuación para que no entraran más, tapiando los accesos, pero nada más»», señala Guardeño.

Desde la asociación de vecinos de Nazaret, Julio Moltó señala que a pesar de haber conseguido «la catalogación de Bien de Relevancia Local a instancias de nuestra asociación no hay, que sepamos, ningún avance para su rehabilitación».

Otro ejemplo de amenaza perenne son las pintadas que hacen en algunos de los monumentos más representativos de la ciudad. Una de las reclamaciones llegadas al Síndic se refiere a la colocación de cámaras en los cinco puentes históricos, donde se añade la necesidad de quitar matorrales en las juntas de los sillares. «La videovigilancia es necesaria para garantizar que no ocurran actos de vandalismo», dice.

También hay casos de patrimonio amenazado fuera del casco urbano de Valencia. En la playa de El Saler salió a luz a mediados de los años 90 los restos de una batería republicana construida durante la guerra civil. Donde se asentó un cañón naval, dentro de la red de defensa diseñada por el general Miaja, ahora sirve de soporte para todo tipo de pintadas. Las galerías subterráneas del búnker están cegadas y el conjunto pasa desapercibido por la ausencia de paneles informativos.

El mandato acaba sin que se haya aprobado el proyecto ni el encargo de las obras de reurbanización del entorno de la Lonja, otro de los asuntos que ha pasado por la mesa del Síndic de Greuges. Dos 'covetes' de los Santos Juanes están a la venta por 40.000 euros, pero el conjunto está sin ningún uso.

Igual de grave es el retraso en la rehabilitación de un edificio municipal en la plaza Doctor Collado, en la esquina con la calle Pere Compte. En el subsuelo hay sótanos medievales de propiedad pública vinculados a la Lonja y este mandato ha servido de momento para sacar a concurso el proyecto de rehabilitación de las viviendas.

El mapa del patrimonio amenazado incluye conciertos ilegales en alquerías protegidas. Es lo que ocurre con frecuencia en la alquería de Serra, con el último ejemplo el pasado mes de julio. La asociación de vecinos de Benimaclet destaca que el inmueble está catalogado como Bien de Relevancia Local. «Llevamos años denunciando la situación y en esas estamos, a la espera de que la Administración actúe de una vez», en la propiedad privada.

La relación es larga e incluye las pinturas murales de Josep Renau, de titularidad privada y donde no se ha avanzado para la recuperación y conservación de la obra ubicada en el palacio de Santángel. También algunas estructuras en mal estado de conservación como el chalé del arquitecto Demetrio Ribes, en la calle Eugenia Viñes y donde en este caso la propiedad ha necesitado tres años para conseguir la licencia de obras, ya concedida. Otras propiedades privadas pendientes de destino son el antiguo cine Metropol, donde el gobierno municipal negocia con la empresa la licencia. La promotora tiene en proyecto la demolición completa del edificio de la calle Hernán Cortés, a lo que se opone una plataforma vecinal.

«Las administraciones públicas valencianas tienen una serie de deberes y obligaciones legales que cumplir para asegurar la protección, conservación, difusión, puesta en valor y acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano». Es la primera consideración que hace César Guardeño, portavoz de la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio, acerca de la situación que padecen decenas de ejemplo de patrimonio amenazado por la ruina.

«Es importante señalar que quedan sólo 8 meses (excepto si hay adelanto electoral) para que finalice la legislatura. Cuatro años de gobierno que no han servido para solucionar definitivamente los numerosos problemas que arrastra el patrimonio cultural valenciano», aseguró el experto.

Para Guardeño, «al margen de la titularidad del bien, es la administración pública la que tiene el deber y la obligación de exigir el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano a los propietarios de estos bienes para que actúen sobre los mismos». En caso de no hacerlo, recordó que «la administración podrá proceder a la ejecución subsidiaria, pasándole los gastos al infractor. En ningún caso se puede permitir una dilación innecesaria y malintencionada».

Citó alquerías de titularidad privada, donde el resultado puedes ser «nefasto y conlleva la destrucción de patrimonio que se podría haber salvado atendiendo a nuestras denuncias y recomendaciones del Síndic de Greuges en tiempo y forma». Añadió por último que «se añadirán más expedientes poco a poco a la vista del desinterés de la Administración pública».