La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, ha reclamado esta mañana, tras conocer que un informe alertaba un mes antes del robo en el Palacio de Congresos sobre el riesgo de suplantación de identidad, «tener acceso a todos los informes y auditorias de los dos últimos años sobre control y seguridad contable». Como ha publicado LAS PROVINCIAS, una auditoría señaló en noviembre la necesidad de verificar los cambios de cuentas corriente de los proveedores para prevenir este tipo de fraudes.
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Catalá ha recordado que en el pleno extraordinario por el robo de 4 millones de euros en la EMT, que se celebró el 17 de octubre de 2019, se aprobó por unanimidad que se realizarían auditorias de seguridad sobre los sistemas informáticos y sus posibles vulnerabilidades en la totalidad del sector público periférico del Ayuntamiento.
Sin embargo, ha destacado la portavoz popular, «nada se sabe sobre estas auditorías, y mucho nos tememos que estén todavía sin realizarse, por lo que es una desfachatez que el acalde diga ahora que se iban a tomar en serio este año este asunto». Por ello, Catalá se ha preguntado: «¿cuántos robos más tenemos que sufrir para que Ribó tome medidas?»
Así, Catalá ha exigido que el alcalde Ribó se tome en serio la seguridad informática de los organismos y empresas públicas del Ayuntamiento. «Qué pasaría si el dinero se lo hubieran quitado de su bolsillo, igual se hubiera tomado en serio un año lo de la ciberseguridad».
Catalá ha pedido al gobierno de Ribó y el PSPV la máxima transparencia para conocer el estado en que se encuentra la seguridad contable de los organismos y entidades públicas del Ayuntamiento. «Nos preocupan que vuelva a producirse algún robo más y exigimos al alcalde que tome medidas porque no puede ser que los organismos públicos de la tercera ciudad de España se hayan convertido en coladeros por los que se está escapando el dinero de todos los valencianos «.
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Por otro lado, ha recordado que las auditorías de gestión realizadas a nueve de las empresas y fundaciones públicas del Ayuntamiento por la Intervención General Municipal son desfavorables o denegadas. Estas auditorías corresponden al ejercicio 2019 y han sido realizadas dentro del Plan Anual de Control Financiero de 2020.
A su juicio, estas auditorías son «radiografías precisas de la mala gestión del gobierno de Ribó y el PSOE en las empresas y fundaciones del sector público del Ayuntamiento de Valencia» y ponen de manifiesto, según ha resaltado, «la despreocupación por parte del gobierno municipal sobre el funcionamiento de estas entidades».
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