El 86% de los pisos ocupados ilegalmente en Valencia son de bancos y empresas

Así lo refleja el estudio que ha elaborado la Oficina por el Derecho a la Vivienda al cumplirse diez meses desde su puesta en funcionamiento, en octubre de 2021, y que permite, explicó la concejala de Vivienda, Isabel Lozano, «desmontar las fake news que hay en torno a las situaciones de ocupación en la sociedad».

En el caso del alquiler, el informe expone que en el 32% de los casos, la propiedad es de entidades jurídicas, que «son responsables -se señala en la memoria- de una significativa parte de las no renovaciones y subidas del alquiler, mientras que los impagos afectan de una manera muy particular a las personas que habitan cases propiedad de personas físicas, el 76,7%». Sin embargo, en el caso de los conflictos provocados por la irregularidad en la tenencia de la vivienda, la situación es la contraria: el 71.4% son de entidades jurídicas.

En total, se han registrado 310 viviendas propiedad de entidades jurídicas (33%), y 434 de particulares (46%), lo que refleja que, «si se computa el parque de vivienda total de la ciudad, el porcentaje de vivienda en manos de entidades jurídicas tiene un peso muy relevante en los casos que presentan conflictos».

Suelen ser, según los datos de la oficina, empresas, fondos de inversión y entidades de crédito con sede social muy lejana en València, «con las cuales es, muchas veces, muy complicado incluso contactar, y todavía más, negociar un acuerdo respetuoso con el derecho a la vivienda».

En sus primeros nueve meses de funcionamiento, la Oficina por el Derecho a la Vivienda ha conseguido detener un total de 187 procesos de desahucio e impulsar soluciones alternativas, como la reubicación o la mediación con la propiedad de los inmuebles.

La Oficina realiza tareas de atención y asesoramiento jurídico en materia de vivienda a vecinos del municipio, propietarios, arrendatarios o interesados en arrendar o comprar una vivienda, que quieran consultar sus derechos y obligaciones.

Entre octubre de 2021 y julio de 2022 se han señalado 277 lanzamientos a usuarios de este servicio, de los que se han suspendido 187 por intervención directa de la Oficina (68% de los señalamientos) y 38 reubicaciones (14% de los señalamientos).

Del resto no todos han supuesto necesariamente un desahucio efectivo de las viviendas, dado que en algunos casos se han reubicado sin intervención directa del servicio. Además, al menos se han efectuado 14 lanzamientos de usuarios del servicio municipal.