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Martes, 10 de diciembre 2019, 12:38
La primera reunión del Consejo de Administración de la sociedad pública Plan Cabanyal ha estado eclipsada por el informe final de la auditoría realizada a esta entidad por la Generalitat. El documento de la Intervención General de la Conselleria de Hacienda se ha hecho público y el organismo aprecia «incumplimientos significativos» en el área de gestión de personal que «no se ajusta a la normativa aplicable».
Este martes a la entrada de la reunión del Consejo, la vicealcaldesa Sandra Gómez y el vicepresidente de la Generalitat, Rubén Dalmau atendían a los medios bajo la sombra de las sospechas. «Una nueva etapa», ha dicho Gómez. «Un punto y aparte hacia un nuevo funcionamiento», añadía Dalmau. En esta primera celebración del consejo de administración se han aprobado las nuevas funciones de la sociedad para el barrio del Cabanyal, un cambio de rumbo que ya se había acordado previamente con el propio alcalde de la ciudad Joan Ribó.
Pero justo el día del arranque sale a la luz este informe de la Intervención de la Generalitat. Un documento público en el que detalla varios aspectos como que la entidad pública «no solicitó autorización de la masa salarial» y no cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Presupuestos de la GVA. Aprecia que tampoco existe relación de puestos de trabajo aprobada ni publicada y que el convenio colectivo aplicado sigue la estructura del Convenio de Construcción y Obras Públicas de la provincia de Valencia, «cuando según acuerdo del Ayuntamiento de Valencia debería aplicarse el Convenio del Personal Laboral. Como consecuencia de ello, existen conceptos retributivos que no deberían emplearse, tales como complemento a bruto, plus actividad o plus transporte».
Entre los varios aspectos que considera incumplimientos significativos incluye las retribuciones globales del gerente de la sociedad, Vicente Gallart, considerándolas «superiores a las retribuciones fijadas para los puestos de máxima responsabilidad sin que conste autorización previa del Consell».
Sin embargo, Sandra Gómez ha desmentido este informe público que cuenta con el sello de la Generalitat: «Es una auditoría externa y esta información se ha tergiversado, se ha comunicado un mensaje erróneo porque el gerente de Plan Cabanyal tiene un sueldo que está por debajo del resto de gerentes de sociedades y empresas públicas municipales», ha argumentado aunque el informe hace alusión a las «retribuciones globales» percibidas por Gallart.
La vicealcaldesa ha querido defender la versión en la que asegura que dicho informe se basa en el ejercicio 2018 y que entonces «la sociedad no estaba incluida dentro de la administración de a Generalitat y de hecho a día de hoy vuelve a estar fuera porque la Generalitat tiene el 50% de participación». La vicealcaldesa ha explicado que «para evitar descontroles se ha considerado oportuno asemejar la normativa tanto de personal como de cualquier otro tipo de normativa a la de la administración local a la que también pertenece el 50%». Ha insistido en que el anterior consejo de administración lo que hizo fue «adaptarse en materia de personal y en gerencia y dirección al Plan de Homologación de Empresas Públicas y Municipales»; Gómez ha querido reiterado, pese a las conclusiones del informe que «el suelo de 65.000 euros del gerente de Plan Cabanyal está por debajo de otros gerentes y por supuesto por debajo de concejales y equipo de gobierno».
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