El pleno de Valencia aprueba la subida de las tasas de basura y la congelación del IBI

En el primero de los casos, se trata de una tasa que tienen que aprobar todos los consistorios del país, tal como se contempla en la ley estatal 7/2022 de residuos, suelos contaminados para una economía circular y que obligatoriamente tendrán que empezar a cobrar los ayuntamientos a partir de abril de 2025.

Se trata de la medida que la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, calificó hace una semana como 'el basurazo de Sánchez', ya que se obliga a repercutir el coste total de la recogida y transporte de las basura a los ciudadanos, cuando hasta el momento se sufragaba vía presupuestos. Esta tasa supondrá un gasto de 40 euros al año a la mitad de los valencianos y mayor coste a los que más agua consuman, ya que se cobra a través de los recibos del agua teniendo en cuenta una comparativa entre el consumo de agua en los hogares y su equiparación con los residuos que pueden generar.

También se aprobará una subida del 23% de la tasa Tamer de tratamiento de basuras, un impuesto que ya existía y que se cobraba para que la Entidad Metropolitana gestione los residuos, pero que ahora con el 'basurazo' de Sánchez, se obliga a cobrar íntegramente a los ciudadanos.

Una tercera tasa que aumentará es la del ICIO, impuesto que se cobra por las obras de reforma viviendas o edificios y la tasa que sí se mantiene congelada de nuevo es la del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), tal como prometió Catalá.

Precisamente sobre estas tasas se ha pronunciado este lunes el grupo municipal Compromís. Los concejales Eva Coscollà y Sergi Campillo han denunciado «las políticas de incremento de impuestos que está llevando el gobierno de Catalá y Vox para compensar la rebaja fiscal de 70 millones aplicada a los Bienes Inmuebles».

La formación naranja incluso ha hablado de una propuesta para revertir la situación «con una bonificación de hasta el 90% de la nueva tasa municipal de residuos para las familias que reciclan en sus casas», también abogan por «hacer una separación del recibo del agua y de la recogida de basura, de tal modo que todos sepamos qué es lo que nos están cobrando y por qué y revertir la subida del 23% de la Tamer», según la portavoz de Compromís, Papi Robles.

Campillo ha añadido que entre las bonficaciones, «podrían aplicarlas para proteger a las familias numerosas, monoparentales y a las familias con riesgo de exclusión social y para las familias y empresas que separen correctamente sus residuos».

Por su parte, la primera teniente de alcalde y concejal de Hacienda, la popular María José Ferrer San Segundo, ha reiterado que «el basurazo» es una ley impuesta a los ayuntamientos por el gobierno del presidente Sánchez y sus socios, entre los que está Compromís, y ha recordado que «hay ayuntamientos socialistas y con partidos de izquierda en las alcaldías, que están proponiendo ahora bajar el IBI para compensar el «basurazo» impuesto por el gobierno de Sánchez. «En Valencia nos adelantamos y bajamos el IBI en 2023 para el ejercicio de 2024 y hemos mantenido esta bajada para 2025».

Ferrer San Segundo ha opinado que la oposición no debe de mentir. «La nueva tasa de basuras se debe al 'basurazo' de Sánchez, que obliga a recaudar el coste real de la recogida y transporte de la basura». Y ha recordado que hay que ser «muy cauto con el tema que proponen de las bonificaciones para que luego no puedan ver los tribunales que se está infringiendo esa prohibición de la tasa de no ser deficitaria». Y ha añadido que estarían encantados de poder aplicar bonificaciones, «pero habría que cambiar la ley estatal».

San Segundo también ha asegurado que «en modo alguno la directiva europea imponía al gobierno de Sánchez aprobar la ley de residuos como la aprobada, que conlleva un 'basurazo', en la que deja a los ayuntamientos «las manos atadas» para no poder asumir todo o parte del coste de la recogida de residuos y porque restringe las bonificaciones ya que obliga a que la gestión de los residuo no sea deficitaria y exige repercutir el coste del transporte y recogida de residuos a los ciudadanos cuando antes lo asumía el Ayuntamiento».

Asimismo, ha recodado que el PP presentó enmiendas en las Cortes Generales «para evitar que no se pudieran aplicar bonificaciones y fueron votadas en contra por parte de Compromís y PSOE».

La concejal de Hacienda también ha manifestado que resulta «sorprendente que los partidos de izquierda del Ayuntamiento, que por dos veces subieron los impuestos y tasas a los vecinos y comerciantes de Valencia, y mantuvieran esa subida pese a las graves crisis de la Covid y la inflación, cuestionen ahora que el gobierno de la alcaldesa María José Catalá haya aplicado una rebaja fiscal que ha beneficiado prácticamente al 100% de contribuyentes de la ciudad».

La doble subida de impuestos que aplicaron los gobiernos de Compromís y PSPV durante ocho años, ha explicado Ferrer San Segundo, afectó «al 100 % de los vecinos y comercios de Valencia, sin distinguir niveles de renta, sin proteger a quienes, ahora que no gobiernan, dicen falsamente proteger, como son las personas con menos recursos».

Frente a este «sablazo» a todos los valencianos, «el gobierno actual de Valencia ha bajado la presión fiscal al 99 % de los vecinos y comerciantes de la ciudad (tan solo han quedado excluidos los gravámenes con IBI diferenciad), «y lo hemos hecho reduciendo la deuda pública del consistorio un 33 %, lo que supone un Ayuntamiento saneado y sostenible», ha destacado.

Siguiendo con la nueva tasa de basura, el concejal de Compromís Sergi Campillo ha recordado que el actual gobierno local no quiere aplicar medidas beneficiosas para los vecinos que sí reciclan, «ya que en el almacén municipal hay aparatos identificadores para que se implantaran en los contenedores, de modo que sólo se abrieran mediante una tarjeta o aplicación móvil, ya que ofertaron varios miles las empresas concesionarias y no se han utilizado».

Como respuesta, el concejal de Residuos, Carlos Mundina, ha desmentido las afirmaciones de los concejales de Compromís sobre la existencia de un sistema de identificación en los contenedores de reciclaje. «No es cierto que tengamos guardado en almacenes ningún sistema que pueda identificar a las personas o hogares que más reciclan», según Mundina.

El concejal responsable de Residuos ha explicado que el «sistema de identificación se ha demorado al haber solicitado financiación europea el gobierno del que formaba parte Compromis y haberse suspendido más de un año su tramitación, hasta diciembre de 2023, en que el actual Gobierno Municipal lo impulsó y remitió a contratación el expediente, que sigue su curso en este servicio . No hay nada guardado, pues Compromís dejó paralizado completamente esta contratación».