ARTURO CHECA
VALENCIA.
Jueves, 23 de mayo 2019, 00:33
El misterio y la falta de información sigue envolviendo el asunto del funcionario del Ayuntamiento de Valencia detenido la semana pasada por filtrar datos electorales de más de 8.300 personas. Mientras el caso continúa en manos del juzgado de instrucción número 17 de Valencia, las gestiones del grupo de Delitos Informáticos van desgranando las circunstancias que envolvieron a la difusión en redes sociales de los datos de las mesas de las elecciones del 28A. Y no será por colaboración por parte del arrestado, quien apenas aportó datos sobre lo ocurrido en la Jefatura Superior de Policía y se negó a declarar ante el juez instructor.
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Según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes de la investigación, los agentes se inclinan por «un fallo» por parte del trabajador municipal como detonante de la difusión de las listas, que llegaron a circular por grupos de whatsapps de los equipos municipales del Consistorio, quienes revelaron el asunto y lo judicializaron.
El rastreo informático del camino que siguieron los datos desde el padrón municipal es la clave para averiguar el origen de la filtración. De lo que se desprende hasta ahora de la investigación es que el técnico no tenía intención de difundir los datos. Y aquí entrarían varias hipótesis: que quisiera enviar un listado de mesas a un jefe de servicio, que quisiera enviarlo por mail y acabará en el whatsapp o, la más remota, que a causa de un fallo informático de la red, los datos acabaran cargados en la red social. Y de ahí, al descontrol de la información. La teoría del error informático está prácticamente descartada, pues hubiera sido detectada por los servicios de mantenimiento del Consistorio. En cualquier caso, la intencionalidad de querer causar un daño con la filtración o influir en la cita electoral queda prácticamente descartada. Ello no exime de la posible responsabilidad penal del investigado por un delito de revelación de secretos, penado hasta con cinco años de cárcel.
El caso está denunciado ante la Fiscalía y ante la Agencia de Protección de Datos, en ambas situaciones por parte del Ayuntamiento. Fuentes municipales ya señalaron esta misma semana que la sensación que se tiene desde el Consistorio es que quien filtró los datos «lo hizo por gastar una broma», una especie de curiosidad a través del whatsapp, aunque le puede acabar saliendo muy cara al empleado municipal.
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