La Policía Local lleva a los tribunales a los organizadores del festival por desobediencia

valencia. La Policía Local de Valencia denunció el viernes ante los tribunales a los organizadores de las paellas universitarias por desobediencia por abrir el evento pese a no contar con permiso municipal. La empresa encargada del festival se enfrenta a multas que pueden llegar a los 300.000 euros por incumplir la ley autonómica de espectáculos. Además, los agentes levantaron acta por contaminación acústica al detectarse picos en se superaban en 90 los decibelios permitidos para un acto de estas características.

La Policía Local trasladó la denuncia al juzgado pero podría quedar en nada si Espacio Público acepta la declaración responsable presentada ayer por la empresa a través de un Organismo de Certificación Autorizado (OCA). Los agentes intervinieron pese a que desde el Consistorio no se trasladó el resultado de las inspecciones realizadas durante el viernes.

Técnicos municipales del Servicio de Actividades del Ayuntamiento de Valencia retomarán mañana el estudio de las alegaciones. Desde que se presentaron, los técnicos trabajaron para revisar la documentación sobre asuntos relacionadas con la seguridad del recinto, urbanismo, emplazamiento, alturas, aforos, superficies, vías de evacuación, pasillos, barreras arquitectónicas, prevención contra incendios e instalaciones eléctricas, entre otros aspectos, pero si tomar una decisión. Está previsto que continúen revisando la documentación a partir del mañana para tomar una decisión sobre la empresa que, en el caso de confirmar que se le denegaba el permiso, se enfrenta a una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros por incumplimiento de la Ley de Espectáculos Públicos de la Generalitat.

La empresa, mientras, se negó ayer a divulgar a este periódico los datos sobre atenciones médicas e intoxicaciones etílicas ocurridos durante el festival al sostener que la información ofrecida por LAS PROVINCIAS con respecto al evento alertaba a sus lectores.

El informe desfavorable señalaba que el espacio donde se iba a ubicar el festival se encuentra «muy próximo a las vías férreas, dentro de los 70 metros que delimitan la zona de protección establecida en la normativa de aplicación». Precisaba que solo podrían realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público «previa autorización del administración de infraestructuras ferroviarias».

Además, indicaba que en la zona de protección «no podrán realizarse obras ni se permitirán más usos que aquellos que sean compatibles con la seguridad del tráfico ferroviario». El expediente apuntaba que, según el proyecto técnico presentado por los organizadores, «se prevé la ejecución de un nuevo acceso al recinto Multiespai La Punta a través de una serie de parcelas agrícolas».