La Policía Local redobla la presión contra el botellón y se disparan las multas

El Ayuntamiento de Valencia ha cambiado de estrategia en lo tocante a la lucha contra el botellón. Tras casi un mandato argumentando que únicamente una nueva ordenanza de convivencia dotaría a los agentes de Policía Local de las herramientas necesarias para combatir las reuniones de gente que bebe en la calle, lo cierto es que este verano ha habido un aumento de las sanciones que únicamente se puede calificar de espectacular. Así, según datos ofrecidos por la concejalía de Protección Ciudadana, entre mayo y julio de 2018 se impusieron 41 sanciones, mientras que en el mismo periodo de este año se han entregado 414 multas, lo que supone un incremento de diez veces en el número de denuncias.

«Estas cifras demuestran el acierto en la creación de la UCOS, estamos muy satisfechos con la labor de esta unidad, que se ha demostrado muy eficaz en temas como el botellón o el control del consumo o tráfico de estupefacientes», explicó ayer el concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, que destacó a su vez «la labor de mediación que ejerce la policía local y su importancia para garantizar la convivencia en la ciudad». Fuentes de su departamento insisten en que ha sido la creación de la Unidad de Convivencia y Seguridad (UCOS) la principal herramienta que ha permitido mejorar esta lucha contra el botellón, que este verano se ha anotado importantes victorias como el destierro de esta problemática de un aparcamiento en El Perellonet sobre la que los vecinos se habían quejado en múltiples ocasiones.

En este sentido, desde el departamento que dirige el PSPV aseguran que se han aumentado los efectivos que trabajan por la noche para controlar el botellón. Además, deslizan otro motivo para explicar este crecimiento de las sanciones impuestas por beber en la calle: los agentes conocen cada vez más los hábitos de los jóvenes, lo que permite optimizar los recursos que se dedican a controlar en la vía las reuniones ilegales que se forman en parques, aparcamientos o plazas de toda la ciudad. Es complicado, aseguran, que uno de estos encuentros sea secreto: los enclaves son conocidos y se repiten semana tras semana, aunque en verano suelen bascular hacia la playa y en invierno, hacia el centro de la ciudad.

Según estos mismos datos, la UCOS ha intervenido contra el botellón en toda la ciudad, especialmente en las zonas del puerto y paseo marítimo, Ruzafa, El Carmen, Benimaclet, San José, Ciudad Universitaria y la Creu Coberta. En relación a este tema Aarón Cano mostró su preocupación «por el incremento del consumo de alcohol entre los jóvenes, de los que cierta parte ya consideran estas bebidas como parte del ocio, no son conscientes de los riesgos, ya que están en una etapa crucial de su vida». Para el edil las sanciones «sólo solucionan un problema ocasional de convivencia, pero no el problema de fondo, porque para ello nos hemos de implicar todos».

En este sentido, la Policía Local coincide con vecinos y asociaciones de consumidores y usuarios, que siempre han apuntado que el problema del botellón es «multifactorial», como lo calificó la pasada semana el vocal de sanidad y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, Toni Plà. Las entidades sociales y cívicas de la ciudad, así como el mismo Consistorio, creen que la lucha contra el botellón necesita algo más que sanciones.

De ahí que la anterior concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, planteara una nueva ordenanza de convivencia que, entre otros aspectos, contemplaba cursos de reinserción para padres o tutores de los menores multados, para así aumentar la concienciación de los más jóvenes respecto a los problemas que causa beber en la calle tanto para quien consume como para quien tiene que sufrir las consecuencias de estas reuniones ilegales con ruidos o basura bajo sus balcones.

Por otra parte, los datos referidos a las identificaciones efectuadas en la vía pública recogidos en este informe que Cano pidió la semana pasada arrojan una cifra de 3.344, siendo julio, con 1.303, el mes con la cifra más elevada. En los meses de mayo y junio se han realizado 994 y 1047 respectivamente. Respecto a la seguridad vial, según datos de la delegación de Protección Ciudadana, durante el mismo espacio de tiempo se han realizado 592 pruebas de alcoholemia con 51 positivos (un 8,5%), lo que implica que, aproximadamente, uno de cada once conductores sometidos a este control no han superado la prueba.

En este sentido Cano subrayó «la necesidad de concienciar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, del riesgo que supone conducir bajo los efectos del alcohol» y reiteró el compromiso de su delegación con la seguridad vial: «En esto vamos a seguir siendo inflexibles, la protección de las personas es nuestra prioridad».