Toda Valencia será Zona de Bajas Emisiones para no perder las ayudas

Así las cosas, Movilidad trabaja ya en una ordenanza que se está ultimando. La concejalía la presentará en próximas fechas, según ha podido saber este diario. Pero que el lector no se alarme: no será de implantación inmediata ni total. Las restricciones se aplicarán sólo a determinados vehículos y únicamente en determinadas fechas o circunstancias. En Madrid o Barcelona se ha hecho algo parecido: una aplicación oficial avisa a los conductores de si ese día pueden o no acceder al centro. Aunque desde Valencia apuntan que la solución que se ha pensado para el cap i casal es única para la ciudad, lo cierto es que todo parece indicar que irá en la misma dirección.

El Ayuntamiento pretende ser prudente con las restricciones «para salvaguardar los intereses económicos y sociales de los ciudadanos», según fuentes municipales. «Se cumplirá con lo previsto por la normativa estatal pero nunca yendo a máximos como quiere la izquierda, sino con sensibilidad», han indicado las mismas fuentes.

Pero vamos por partes. Recapitulemos. Esto pasa porque Valencia estaba obligada a implantar una ZBE en la ciudad en 2024. Tenía que estar funcionando el 1 de enero. Pero como quiera que las ciudades españolas, en su amplia mayoría, no hicieron los deberes, Europa dio una prórroga de seis meses. Los ayuntamientos han pasado años esperando a que la Dirección General de Tráfico realizara una ordenanza modelo, para no incurrir en los mismos errores que Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tumbó la norma de la Ciudad Condal que impedía acceder al centro a los vehículos más contaminantes porque en la práctica obligaba a miles de conductores, muchos de ellos taxistas, a comprarse vehículos nuevos.

Para evitar ese problema, los Ayuntamientos arrastraron los pies, hicieron tiempo, sobre todo con las elecciones de mayo de 2023 en el horizonte. Eso ocurrió en Valencia, donde Giuseppe Grezzi compró cámaras y sensores, sí, y elaboró el proyecto, pero no llegó a ponerlo en marcha. «Esperamos a la DGT», dijo en el marco de la mesa de la movilidad. Fue una de las patatas calientes que se encontró Carbonell. Cuando el Ministerio de Transición Ecológica, en noviembre de 2023, apretó a Valencia al incluirla en el listado de ciudades que no habían puesto en marcha el sistema, Movilidad decidió definir como ZBE la APR de Ciutat Vella, dado que lo que se perseguía en esa zona es lo mismo que en la ZBE: menos circulación de vehículos y menos contaminación. Pero era un parche, algo provisional, como dijo hasta la saciedad el mismo Carbonell, que sabía que carta en la mesa, pesa: lo presentado por Grezzi a Europa tiene que ir a misa, porque si no se pueden perder 10,8 millones de euros. De ahí que Movilidad lleve meses trabajando, mediante encuestas a distintas entidades y actores de la movilidad en Valencia, en una ordenanza que permita poner en marcha una ZBE adecuada pero sensible con las necesidades de los vecinos y comerciantes.

En esas estábamos cuando el PSPV dio este jueves una rueda de prensa en la que la concejala socialista María Pérez denunció que la ZBE no cumple con los requisitos establecidos por el Ministerio de Transición Ecológica. El PP salió rápidamente a decir que sí, es verdad, no se cumple con esos requisitos, pero porque es provisional. La ZBE definitiva, que se aprobará antes de verano, sí lo hará. «Nunca hemos mentido. Aconsejo a la señora Pérez que revise la hemeroteca y los expedientes. La Zona de Bajas Emisiones es transitoria y provisional a la espera de su adecuación y a la aprobación del proyecto definitivo y de la ordenanza», aseguró ayer Carbonell.