El Puerto de Valencia retiene la estación marítima y el Varadero al prorrogar la Marina

Hasta el 31 de diciembre de 2023, el Consorcio Valencia mantendrá la gestión de La Marina. Ese es el acuerdo adoptadoeste jueves entre el Puerto y el Ayuntamiento, aunque con algunos matices, como que los primeros mantendrán la gestión sobre la antigua Estación Marítima y el edificio del Varadero.

La prórroga ha debido aprobarse por el atasco en la comisión liquidadora de la entidad aprobada a principios de junio y que todavía no ha terminado los trabajos. Ahora todo eso queda en suspenso durante los próximos doce meses. La prórroga se otorga sobre la autorización que el Consorcio obtuvo el 23 de julio de 2001 y será de un año a no ser que antes del 31 de diciembre finalice el proceso de liquidación en el que se encuentra o se otorgue -por concurso- un nuevo título de ocupación para la gestión de los amarres.

La resolución aprobada afecta a un área «ligeramente inferior» a la que hasta ahora venía gestionando el Consorcio, señalaron fuentes de la Autoridad Portuaria. La diferencia se refiere a que se ha retirado la antigua Estación Marítima y el edificio del Varadero, además de dos locales en la zona de la Marina Sur que se habían quedado sin título y otros pequeños ajustes.

Esto se debe a que se trata de espacios o concesiones donde los contratos superan el año, precisaron. De igual manera, todas las iniciativas sobre otros proyectos que vayan más allá de diciembre de 2023 tendrán que pasar por el consejo del Puerto. La empresa concesionaria de la Estación Marítima anunciaron hace escasas fechas su deseo de abrir las oficinas en 2023, tras un accidentado concurso que pasó hasta por un recurso judicial.

El alcalde Joan Ribó dijo que el acuerdo de la prórroga es «importante para tranquilizar a todas las empresas y al personal que trabaja y para que La Marina continúe su trabajo». Destacó que forma parte de un pacto con el Ministerio de Transportes para «definir la fórmula de la gestión de la Marina, preservar la protección y la estabilidad de los puestos de trabajo». El alcalde avanzó que la prolongación del funcionamiento del Consorcio por un año «será una salida provisional mientras buscamos una solución definitiva», para insistir en la conveniencia de que sea una entidad gestionada a tres bandas entre el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio. Los segundos anunciaron que pedirán la cesión de la lámina de agua y los amarres al Gobierno, aunque el Ejecutivo ve esa iniciativa inviable. Este compás de espera de hasta un año afectará sin duda a inversiones públicas y concesiones, dado que está por ver el reparto de poder en la entidad y los plazos del acuerdo al que aún no se ha llegado entre las instituciones.

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