La protesta contra la ley Celaá entra en el Ayuntamiento de Valencia

Las protestas contra la aprobación de la ley Celaá llegaron también al hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia, donde el grupo popular aprovechó el pleno celebrado ayer para proponer la paralización al Gobierno de la nueva legislación educativa. Los votos de los tres grupos de la oposición, PP, Cs y VOX no fueron suficientes para ello, dado que Compromís y el PSPV la desestimaron.

Antes del debate político intervino Vicente Morro, representante de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia, quien criticó lo que denominó «eliminación de la educación en libertad, el derecho a elegir de las familias, el castellano como lengua vehicular, la concertación de centro y la asignatura de religión».

La portavoz del grupo popular, María José Catalá, recordó que «más de la mitad de los padres de Valencia llevan a sus hijos a colegios concertados que ahora la ley Celaá quiere acabar».

Para Catalá, la legislación aprobada en el Congreso contiene «dos componentes muy peligrosos para la pluralidad y la libertad educativa». Explicó la eliminación del concepto demanda social, que da cobertura a las aulas de la concertada para que sean libremente solicitadas por los padre; Y en segundo lugar, «la preservación del castellano como lengua vehicular en nuestros sistema educativo».

«Son dos cuestiones nucleares que pretenden eliminar», ha afirmado, «para de esta manera dar cobertura a las imposiciones ideológicas de la izquierda en materia educativa», ha añadido.

Defendió que la reforma de la ley educativa no persigue la mejora del rendimiento académico ni «intenta eliminar o reducir el fracaso escolar en nuestro país. Es una reforma con la que pretenden dar cobertura jurídica a una imposición y a la apisonadora ideológica de la izquierda».

«Ante los ataques a la libertad de los padres para elegir los centros educativos en los que se formen sus hijos, y ante la voluntad política de acabar con la educación concertada, no podemos permanecer impasibles«, aseguró la edil.

Por su parte, el portavoz de VOX, José Gosalbez, criticó que la ley Celáa supone «un ataque a los derechos y libertades de los españoles, a la libertad de escolarizar y a la lengua castellana. Apostó por el cheque escolar como »pin parental para evitar el adoctrinamiento«, así como el refuerzo de la educación especial.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, instó a una ley educativa que «no sea de partido». Recordó la enmienda a la totalidad presentada por su grupo en el Congreso, para decir que no garantiza el «estudio de la lengua española en cualquier parte ni permite a las familias que puedan elegir libremente».

La concejala de Educación, Maite Ibáñez, rechazó las críticas para señalar que «se darán los mismos recursos a la concertada que a la pública», para defender que la LOMLOE cuenta con «consenso, considera lenguas cooficiales como las vehiculares, elimina la obligación de una alternativa a la religiíon y supone avances en la inclusión».