Las protestas arrecian en las calles de Valencia

Valencia acogió ayer tres concentraciones distintas que salpican a los gobiernos tripartitos, desde la vigilia para criticar la falta de medios del Ayuntamiento en la atención de personas sin hogar que duermen ateridas hasta la manifestación de los discapacitados por los retrasos del Consell en las ayudas y la falta de medios en los tratamientos. También lo hicieron las trabajadoras de la limpieza de institutos por los impagos de sus salarios. Reclaman a Educación que tome medidas contra la empresa que contrató para que asumiera el servicio.

En menos de 24 horas, dos concejales de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia han cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a las quejas de trabajadores o entidades solidarias. Si el jueves fue el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, quien dijo que la huelga de los conductores no se la hacían a él sino a la ministra de Trabajo, ayer fue la concejala de Bienestar Social, Consol Castillo, la que aseguró que los problemas que sufre la ciudad con las personas sin hogar vienen, sobre todo, «de una situación sobrevenida con los refugiados, y eso es competencia sobre todo del ministerio» de Interior.

La edil se manifestó así a preguntas de LAS PROVINCIAS durante la presentación de la cuarta edición de 'De l'Horta a la plaça', que se celebrará el mañana en la plaza del Ayuntamiento. Responde a las protestas de la Mesa de Entidades de Solidaridad con los Inmigrantes, que anoche celebraron una vigilia hasta las 10 horas de hoy para poner de manifiesto las deficiencias de la atención a indigentes del Consistorio.

Castillo aseguró que está a favor de la protesta porque «servirá para poner el foco» sobre quien tiene las competencias, el ministerio, aunque indicó que entiende que es más fácil manifestarse ante el Ayuntamiento «que irse a Madrid». «Nosotros hacemos un buen trabajo, están todas las plazas ocupadas y no podemos hacer mucho más», aseguró la concejala de Compromís. «Llegados a este punto no podemos hacer nada. Si hay una emergencia meteorológica, por ejemplo un día en que llueva mucho, podemos buscar pensiones de manera temporal, pero de manera constante no podemos hacerlo», explicó Castillo.

La edil insistió en que el aumento de refugiados que llegan a la ciudad desde países en conflicto, «víctimas de decisiones políticas tanto en sus naciones de origen como aquí», provoca que el Ayuntamiento de Valencia se quede corto en plazas para personas que duermen en la calle. «No podemos ofrecer alojamientos que no tenemos, y aún no disponemos de una varita mágica. Ofrecemos los recursos que tenemos a nuestra disposición, pero echamos de menos más implicación de otras administraciones», apuntó la concejala de Bienestar Social.

Las trabajadoras de la limpieza de 85 institutos, así como de diferentes sedes de administraciones como la Subdelegación del Gobierno y la Tesorería General de la Seguridad Social, irán a la huelga el 18 de febrero. La convocatoria fue acordada ayer en un asamblea impulsada por CC. OO. PV y UGT PV.

El paro será indefinido y tiene un doble objetivo, según explicaron desde los sindicatos: conseguir que las dos empresas responsables del servicio abonen las nóminas que adeudan y presionar a la Conselleria de Educación y a las administraciones implicadas para que rescindan los contratos vigentes ante los incumplimientos en este sentido.

En el caso de los institutos, la empresa responsable es Limpiezas Raspeig, que se quedó con 5 de los lotes del concurso público impulsado en 2016. En total son 408 profesionales de los centros educativos llamadas a la huelga, a las que se suman un centenar del resto de sedes administrativas. En la mayoría de estos últimos casos la empresa es Netalia, que comparte razón social y gestores con la anterior.

La mayoría de las trabajadoras no han cobrado aún la nómina de diciembre ni la extra de Navidad. La situación está extendida en el caso de los institutos, donde además se deben cuantías de los finiquitos del verano al tratarse de trabajadoras fijas discontinuas y algunas actualizaciones del último convenio.

Tras la asamblea las trabajadoras se desplazaron a la plaza de Manises de Valencia, donde se había convocado una concentración de protesta. Se podían ver pancartas exigiendo la rescisión de los contratos y se escucharon consignas como «no hay trabajo sin salario». Desde Educación se explicó a los sindicatos que están al día en los pagos a las empresas y que se han impulsado varios expedientes sancionadores.

La plaza de Manises también acogió una protesta contra el retraso en el abono de la subvención a los centros ocupaciones para personas con discapacidad. La acción coincidió con la de las trabajadoras de la limpieza, llegando ambos colectivos a corear lemas conjuntos al tener reivindicaciones coincidentes, como 'queremos cobrar' o 'este gobierno no nos representa'.

A la plaza asistieron la Coordinadora de Recursos de Atención a las Personas con Diversidad Funcional Intelectual (Copava) y representantes del sindicato Fsie, que alertaron de la «crítica situación» de algunos centros como el de Los Silos, que llegó a soportar una deuda de 60.000 euros que llevó a los trabajadores y a las familias a poner dinero de su bolsillo. La organización añadió que los retrasos provocan que los centros no puedan atender nóminas, cotizaciones a la Seguridad Social o gastos de mantenimiento. En caso del centro de Burjassot, fuentes internas explicaron que ayer mismo se les abonaron las cuantías.

En la protesta también participaron las familias de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en la que ya es su cuarta concentración contra la Generalitat en diferentes puntos de la Comunitat. Denunciaron que los recortes en Sanidad, Educación y Atención Temprana «están provocando un importante retroceso cualitativo y cuantitativo en sus tratamientos», según la plataforma Defensa TEA.

El nuevo protocolo del Consell para atender a estos menores «no está funcionando», por lo que piden su derogación, así como terapias para las personas con TEA durante toda su vida , la ampliación de horas de tratamiento (con el anterior modelo recibían 20 al mes y ahora seis) y una dotación suficiente de medios y recursos humanos, sobre todo en las unidades de salud mental infantil y en los centros educativos.