El Ministerio de Transporte alerta de una posible multa de nueve millones por revertir Pérez Galdós

En estos términos se ha pronunciado tras conocerse que el Gobierno de España ha vuelto a enviar un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia «ante la preocupación de que se esté revirtiendo el proyecto de reforma de la avenida de Pérez Galdós, lo que podría acarrear la pérdida de 9 millones de euros que recibió para llevar a cabo la intervención», según María Pérez.

«Hemos sido conocedores de que el Ayuntamiento de Valencia ha sido requerido por el Ministerio de Transportes una vez más, y después de la supermanzana de la Petxina, por poner de nuevo en tela de juicio la gestión de fondos europeos y de proyectos que nos convirtieron en Capital Verde Europea», ha expuesto la concejala socialista.

Ante esta situación, Pérez ha manifestado «la preocupación» de los socialistas porque «estos proyectos no sólo están marcando la reputación de Valencia en cuanto a la sostenibilidad, sino que además está poniendo en peligro la financiación europea». Por eso, afirma que emplaza «a Catalá a que sea valiente y explique a los participantes en la Cities Climate Week que está revirtiendo los proyectos que convirtieron Valencia en Capital Verde Europeo por actuar contra el cambio climático».

Igualmente, ha advertido de que estas reversiones suponen «un perjuicio para las arcas municipales» ya que, si bien la semana pasada se advertía sobre una posible sanción de 3,5 millones de euros por la supermanzana «con Pérez Galdós se podrían perder los 9 millones de euros del proyecto». En total, Pérez cifra el montante de las reversiones en «12 millones de euros por la mala gestión de Catalá de los fondos europeos».

Así pues, ha manifestado que los socialistas quieren «saber si además de estos requerimientos en la gestión de fondos europeos hay más y María José Catalá podría están ocultándolo». Por ello, el grupo municipal socialista ha presentado «una solicitud de información en la que pedimos el Ayuntamiento que nos traslade todos los requerimientos o solicitudes de información que le haya hecho el Ministerio de Transporte y cuál ha sido la respuesta del Ayuntamiento en el año que llevan gestionando».

Además, el concejal socialista Borja Sanjuán, también ha hecho referencia a la respuesta de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que les les ha acusado de presentar en Europa un "proyecto fiasco" sin informes técnicos que advirtieran de que en el túnel tiene bajo un colector.

Sanjuán ha respondido que "aquella persona que nos acusa de no estar bien hecho el proyecto con el que obtuvimos financiación europea, está a punto de conseguir la multa millonaria más grande de un Ministerio a Valencia y a lo mejor no es para tomárselo a risa".

El edil socialista ha añadido que si la alcladesa "no tiene proyectos o ideas nuevas sobre la Capitalidad Verde Europea, como mínimo que no haga daño, que no revierta lo que estaba ya en marcha porque es una cuestión de dinero, pero también es cuestión de salud".

Ha argumentado que los vecinos de "Pérez Galdós se están jugando mucho la salud en primera persona. Catalá les dijo que mantendría el proyecto y la realidad es que nunca ha querido hacerlo porque prefiere que el coche vaya rápido por Valencia, en lugar de que los valencianos respiren aire más puro".

Sanjuán concluye que no es una cuestión "de que el Ministerio les persiga o les tenga manía, sino que ella tiene manía a la Capitalidad Verder. Es una alcaldesa más propia de los años 90".

También se ha pronunciado sobre la situación de Pérez Galdós la portavoz de Compromís per València, Papi Robles. Considera que en "una semana el gobierno de PP y Vox suman un agujero de más de 80 millones en deudas y multas. Si el gobierno estatal ya había enviado un requerimiento por el desmantelamiento de la supermanzana de la Petxina que ha empezado a ejecutar Catalá, ahora la última sorpresa, que ya habíamos advertido, son 9 millones de euros que el Ayuntamiento debería volver a Europa por no eliminar del túnel de Pérez Galdós, tal y como estaba programado cuando se pidió la ayuda por parte del gobierno de Joan Ribó".

Según Robles es una decisión "que es un capricho de Catalá, sin fundamento alguno, en contra del criterio del vecindario. PP y Vox están hundiendo la reputación de Valencia a nivel internacional, situándonos una vez más en el mapa del ridículo, del derroche de dinero público y del sectarismo político”.