Los seis desafíos de Ribó con el Puerto de Valencia

Un atasco llamativo es la terminal de cruceros que dará un nuevo uso a la Unión Naval del Levante, pero cabe citar la Zona de Actividades Logísticas (ZAL); el parque de desembocadura; la gestión de la Marina y la lámina de agua de la dársena.

La Autoridad Portuaria de Valencia ya ha iniciado las obras de derribo de las naves que no están protegidas. El problema de fondo es que hay discrepancias sobre el diseño urbanístico de los accesos a la terminal. Y es que hay que ordenar el paso de los autobuses con cruceristas, el tren, los coches, bicis y peatones y no hay acuerdo de cómo configurar el espacio. De momento, el Puerto está interviniendo en terreno portuario, pero se están empezando unas obras sin saber cómo permitirá el Ayuntamiento.

Estas negociaciones llevan más de tres años en marcha y sigue todo en el aire. Falta determinar qué servicios irán en subterráneo o los que se resolverán con un puente. Y es que el Ayuntamiento rechazó la glorieta elíptica que propuso el puerto frente al tinglado 5, ya que dijo que podría afectar a los tinglados, que son Bien de Relevancia Local (BRL). Y está por ver cómo solucionar la presencia del ferrocarril. Además, Ribó dijo que la movilidad del puerto y de esta terminal dependía y mucho de la prolongación de la línea 10 del tranvía de Nazaret hasta el Canyamelar y, como esto no está decidido, no se dan pasos. También dependerá de la desembocadura del río en Nazaret.

Otra patata caliente es la de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto que se construyó sobre huerta protegida. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón a los vecinos de la Unificadora de La Punta que presentaron un recurso y ahora falta ver si la Generalitat recurre. A nivel municipal destaca el vaivén de ideas de Joan Ribó, ya que en un pleno de febrero de 2019 Compromís y PSPV y los partidos de la oposición rechazaron apoyar a la entonces edil María Oliver, de València en Comú, que pedía que se paralizara cualquier actuación hasta que se conociera la sentencia. Entonces Ribó se mostró partidario de no esperar, al admitir que la huerta era irreversible. Ahora, tras conocer la sentencia, han dado un nuevo bandazo, y Compromís insta a la Generalitat a asumir la sentencia. En redes Ribó añadió que el fallo judicial era gracias a la lucha de los vecinos de La Punta y que había que «tender puentes al diálogo para construir un futuro digno y sostenible». Incluso pidió un informe jurídico municipal, que concluyó que si procedieran indemnizaciones, sólo le corresponden a la Generalitat. La buena cuestión es que el Puerto ha terminado ahora las obras de medidas correctoras que pidió el Ayuntamiento en la ZAL, para arreglar viales, reponer alumbrado, revisar el alcantarillado o la fibra óptica. Es decir, por un lado piden no recurrir, y por otro, habían solicitado unas exigencias al Puerto para adecentar la zona.

El proyecto del Parque de Desembocadura para renaturalizar la salida del río al mar y eliminar el espacio de la antigua fábrica Moyresa, en el límite con Nazaret, lleva 32 años de retraso. En 2019 se firmó un acuerdo entre el Puerto y el Ayuntamiento de Valencia para hacer un gran jardín, pero la cuestión es que el suelo lo cedió la entidad portuaria hace tres años y medio y no se ha avanzado, ya que no ha sido hasta este mes cuando Ribó ha anunciado que harán un concurso de ideas y que empezarán en una primera fase por Nazaret.

En 2020 el Gobierno Central pagó la deuda pendiente de la Marina para desvincularse del Consorcio Valencia 2007 y en junio de 2021 se firmó una autorización de tres años para que el Consorcio funcione hasta 2024. Desde entonces Generalitat y Ayuntamiento están viendo cómo dar forma a un nuevo ente, pero mientras, se han atascado proyectos como la concesión de los Docks para albergar equipamientos culturales; no se ha avanzado en el futuro hotel de 30 plantas; ni en la subsede del museo del mar del varadero. A todo ello, se suma que ha entrado en escena de la Ley de Puertos del Estado y que el puerto tiene que velar por propiedades como la lámina de agua de la dársena (los amarres) o el antiguo edificio de la Autoridad Portuaria, donde está la sede del Consorcio sin pagar alquiler. Veremos qué pasa en 2024. Sobre el futuro que aguarda a la entidad, desde el Ayuntamiento explican que a finales de mes se convocará el Consorcio y se verá la solución futura.

La ampliación norte del puerto se inauguró en 2012 y ahora se iba a terminar la cuarta terminal donde se reubicará la compañía MSC. Este proyecto ha chocado con la exigencia de Ribó de que se haga una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al no considerar actualizada la de 2007. Si bien el Puerto renunció a ampliar el dique y sólo harán obras en aguas del puerto, desde el Consistorio insisten en que «se pide la DIA para garantizar al máximo la protección medioambiental y una solución ferroviaria», si bien Puertos del Estado, Ministerio de Medio Ambiente y el Parlamento Europeo no lo han considerado. Ribó pide ahora que se desmantele esa ampliación norte.

En el primer convenio Puerto-ciudad de 1986 ya se hablaba de un acceso norte por carretera al puerto. A pesar de ello, no ha recibido apoyo del Consistorio. Es más este sábado Ribó dejó claro que no lo quiere y aboga por un acceso ferroviario porque «es más sostenible que el paso de camiones y para no colapsar la ciudad», según fuentes municipales, además defiende que si es de tren sí recibiría ayudas europeas. Mientras los empresarios le recuerdan que el tren no llega a la puerta de las empresas y Ribó apuesta por una estación intermodal en el puerto.