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El organismo que coordina las principales instalaciones marítimas de España, Puertos del Estado, da la razón a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) en la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental de su proyecto de ampliación norte. Este estudio, elaborado en 2007, es el motivo de fricción entre la institución que preside Aurelio Martínez y el consistorio del cap i casal.
En declaraciones a LAS PROVINCIAS, la entidad defiende que este tipo de documentos no caducan y que sólo se podría exigir su revisión en el caso de de que se produjeran un «cambio sustantivo sobre el proyecto original», algo que no ha ocurrido. En todo caso, la entidad dependiente del Ministerio de Fomento advierte que es la APV la competente para responder a esa pregunta, aunque ellos harán un informe al respecto si se lo demandan.
De hecho, Valenciaport defiende que hará «lo que Puertos del Estado diga» y el presidente de la institución valenciana, Aurelio Martínez, defendió que obedecerá a lo establezcan los técnicos. En todo caso, tras la reunión del último consejo de administración de la entidad ya apuntó que un retraso en la tramitación, fruto de repetir el estudio, podía llegar a espantar a MSC, aspirante a hacer la ampliación y desembolsar por ella más de mil millones.
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha reiterado en las últimas semanas su convencimiento de que la «emergencia climática» que se vive en la actualidad obliga a replantearse si los permisos que se dieron hace 12 años se corresponde con la situación actual. Respaldando esa actitud, la consellera de Agricultura, Mireia Mollà, de Compromís, ha solicitado incluir esta consulta en la agenda de la reunión bilateral con el Ministerio de Transición Energética.
Primero el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, de Podemos, y tras el pleno del Consell del pasado viernes la vicepresidenta primera Mónica Oltra, han apoyado ese paso que ha emprendido su compañera de Ejecutivo.
Por su parte, el presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha defendido este lunes que la ampliación norte del puerto de Valencia debe cumplir la legalidad y «mantener un diálogo» con la ciudad: «No tiene ningún sentido una infraestructura sin relación con el territorio». Así lo ha afirmado a preguntas de los periodistas que recogía Europa Press.
Las obras en el muelle norte del Puerto de Valencia contemplan el rellenado de parte del agua abrigada por el dique (la ampliación norte) y un túnel submarino que entraría directamente en la zona que se ha ganado al mar. Sobre esta última, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, reiteró ayer que no se opone a las posibilidades de esa entrada pero quiere «analizar los impactos medioambientales» que pueda tener el uso de camiones frente al ferroviario en la infraestructura. Ribó responde así tras las críticas de algunas entidades como la patronal autonómica CEV, Ascer, la Cámara de Comercio y asociaciones de transportistas por la oposición ante la materia. El pasado jueves, el regidor subrayó que el acceso al Puerto «debía ser ferroviario» por los «posibles daños medioambientales por carretera frente a los accesos ferroviarios que tienen los puertos punteros de todo el mundo». A su juicio, lo que es imprescindible es «minimizar los efectos al máximo para que se pueda hacer la actividad portuaria», pero Valencia ha de seguir siendo «una ciudad muy bonita y encantadora para vivir».
En la línea de Martínez, Puig ha asegurado que «yo soy partidario siempre de la legalidad: si la legalidad exige otro informe, habrá que realizarlo; si no, no», ha aseverado, apuntando que «en un proceso de estas circunstancias está la capacidad de cada uno de influir y mostrar cuál es su visión».
En cualquier caso, ha recordado que «hay unos trámites que, si están dentro de la legalidad, se tienen que hacer y aceptar». También ha abogado porque el proyecto cuente con «el mayor consenso y diálogo posible, porque el puerto por supuesto que tiene que dialogar con la ciudad, faltaría más, y la ciudad con el puerto».
Puig ha destacado así que «el puerto de Valencia es el más importante del Mediterráneo y un activo fundamental para el empleo«. A pesar de ello, ha insistido en que «desde luego que tiene que mantener un diálogo con la ciudad, porque no tiene ningún sentido una infraestructura sin relación con el territorio».
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