La Ley de Puertos obligará a sacar a concurso la gestión de 700 amarres en la Marina

La Ley de Puertos del Estado obliga a sacar a concurso la gestión de los 700 amarres de la Marina de Valencia cuando la Autoridad Portuaria forme parte del consejo. Para esto no hay plazos fijados, aunque se da por descontado que será así, dado que el Puerto entrará al ser una de las condiciones del Ministerio de Hacienda, junto con que tenga derecho de veto.

Este es uno de los flancos abiertos en el funcionamiento del Consorcio Valencia 2007, en proceso de refundación o liquidación desde que se condonó la deuda a efectos de enero de 2021. En junio de ese año, la Autoridad Portuaria otorgó una autorización con carácter retroactivo de tres años como máximo para que pudiera seguir funcionando y prestando los servicios básicos en las concesiones, dado que del convenio firmado tras la consecución de la Copa América de vela había perdido su propósito, al eliminarse la mayor parte de la deuda. Las mismas fuentes apuntaron que sería “ilegal” que el Puerto forme parte del consejo de un organismo donde se gestione dominio público portuario. “La legislación obliga a que lo tenga que hacer en solitario”, añadieron.

Además de esta circunstancia, se está a la espera de una resolución en la Unión Europea sobre la denuncia de un club deportivo privado por competencia desleal. De momento no se ha pronunciado, pero las mismas fuentes comentaron que lo más probable es que sea contra de los intereses del Consorcio.

El problema sobre las autorizaciones es que no puede encargarse de ningún asunto que tenga un periodo más allá de enero de 2024, indicaron. Un ejemplo fue lo ocurrido este viernes en el consejo del Puerto, donde la institución dependiente del Gobierno tuvo que hacerse cargo de la parcela y la concesión del Biohub, en la Base 5, para que la empresa pueda hacer una operación financiera a largo plazo.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, aseguró que no tiene “ninguna pretensión ni exigencia” para entrar en el nuevo Consorcio que junto con el Ayuntamiento y la Generalitat, gestionará la Marina, mientras que el vicealcalde Sergi Campillo reclamó un peso “determinante” para la Administración municipal dado que se trata de un espacio “ciudadano y no portuario como antiguamente”, según informó Europa Press.

Campillo señaló que se está negociando el nuevo Consorcio y la entrada del Puerto, para admitir que existen "algunas discrepancias", que calificó de "normales" porque cada administración ejerce su legitimidad para tener el mayor control posible de un espacio "complejo", precisamente por esta triple participación. Preguntado por si estarían dispuestos a entrar en el Consorcio sin derecho a veto, Martínez indicó que cuando se pensó sustituir en noviembre a la Secretaria de Hacienda por el Puerto "entrábamos en mismas condiciones y estaba ese derecho de veto, pero no fue exigencia nuestra, ni ha sido ni será".

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