P. MORENO
Lunes, 11 de abril 2022, 12:35
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado este lunes «cauteloso» según sus propias palabras acerca de la presentación de un recurso después del fallo del Tribunal Superior de Justicia que tumba por tercera vez la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) en el alto tribunal, además de otras dos contabilizadas en el Tribunal Supremo.
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«Hay que leer la sentencia y en función de lo que plantee la Abogacía se hará. Es una decisión que no se hace ex novo de la Generalitat, sino que está urbanizada desde hace mucho tiempo, una decisión de hace mucho», subrayó acerca de un proyecto heredado de varios mandatos anteriores. A finales de la década de los 90 comenzó a gestarse el proyecto de un polígono que tiene la urbanización acabada, a la espera de que se ubiquen las primeras empresas.
La cautela de Puig contrasta con sus socios de gobierno. Compromís, sin ir más lejos, pidió este fin de semana que la sentencia sea asumida y propuso que la ZAL sea trasladada al puerto de Sagunto. «En nuestro territorio contamos con ámbitos logísticos que podrían ser un emplazamiento idóneo para desarrollar una ZAL con estas características«, indicaron fuentes de la coalición.
Por el contrario, Puig señaló que hay que trasladar la decisión «en términos económicos; hay que ser cautelosos, ver los términos de la sentencia, seguiremos las indicaciones de la Abogacía.
A la hora de tomar la decisión hay que equilibrar todos los intereses, y pensar en el interés general. Hay que ver las derivadas y lo que implica».
Acerca de la propuesta de traslado a Sagunto, dijo que «no es tan sencillo el traslado a Sagunto. Si fuera un tema de hoy no se haría en esas condiciones, pero hablamos de una situación sobrevenida que tiene unos costes. Ahora pensamos en trabajo y atención energética como pilares de nuestro trabajo, hay que buscar la armonización de intereses».
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La ZAL ha supuesto una inversión pública de 133 millones de euros procedentes de fondos gubernamentales, sobre a través de la entidad Sepes. El rechazo a la presentación de un recurso supondría con seguridad la reclamación de ese dinero a la Generalitat por parte del Gobierno.
El alcalde Ribó, que hace años dijo que ese espacio es «irrecuperable» para la actividad agrícola por la urbanización, ha felicitado este fin de semana a la asociación de vecinos por la sentencia favorable, al señalar que «abre una nueva etapa después de 28 años de lucha ciudadana«, por lo que pidió a todas las Administraciones públicas a «asumir la responsabilidad y tender puentes al diálogo para construir un futuro digno y sostenible para este pueblo de Valencia», en referencia a La Punta.
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