Puig mueve ficha con la disolución del Consorcio y pide el puerto de la Marina

Una reunión este domingo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con el conseller de Hacienda, Arcadi España, la responsable de Política Territorial, Rebeca Torró, y la secretaria autonómica de Obras Públicas, María Pérez, acordó solicitar formalmente que la Marina de Valencia pase a ser catalogada como un puerto autonómico y por lo tanto al menos la lámina de agua pase a manos de la Generalitat desde el Puerto.

Esa «hoja de ruta», como la denominaron fuentes de Presidencia, es la que marcará la posición de la Generalitat sobre el futuro del Consorcio Valencia 2007. Este lunes se reúne el consejo rector para aprobar la liquidación de la entidad y su posterior disolución, una vez que se produzca la salida del Gobierno como socio.

Esto se produce tras el pago principal de la deuda, que fue incluida en los Presupuestos del Estado de este año. Junto a los otros dos socios, Ayuntamiento y Generalitat, deben hacer frente a un préstamo derivado de unos 60 millones de euros, que también ha sido pagado en parte y del que queda una anualidad.

Así las cosas, el organismo nacido para dar cobertura a Valencia como sede de la Copa América de vela pierde su sentido y dejará de funcionar. A partir de ese momento, indicaron fuentes autonómicas, se iniciará un proceso de liquidación con el que puede haber «pérdidas o ganancias», es decir, que los socios se repartirán de manera equitativa las segunda o tendrán que hacer frente a nuevos pagos.

«En la reunión se ha acordado la hoja de ruta de la Generalitat, que tiene como objetivo que la Marina de Valencia se convierta en un puerto autonómico, dentro de la red de puertos que ya gestiona la Generalitat», precisaron, para añadir que este espacio reúne las condiciones para formar parte de Ports de la Generalitat, ya que posee una bocana de acceso propia y está completamente separada de la actividad comercial que se desarrolla en ValenciaPort.

Esto supondría asumir los cerca de 800 amarres, la vía principal de ingresos del consorcio actual. Si se produce la misma mecánica, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento delegarán

A partir de esa hoja de ruta, en la reunión convocada por el presidente del Consorcio Valencia 2007, Joan Ribó, se apoyará la propuesta del Ayuntamiento por la que se disuelva la entidad, lo que implicará el nombramiento de liquidadores, y se solicitarán las auditorías pertinentes.

La voluntad de la Generalitat es que las administraciones que han estado en el consorcio (40% Gobierno de España, 40% Generalitat, 20% Ayuntamiento de València) participen de todo el proceso de liquidación y de los resultados de la misma. Además, indicaron que está dispuesta a «negociar con el Ayuntamiento un nuevo consorcio para la gestión integral de la Marina».

Esto se producirá cuando se resuelva la petición de que el puerto pase a ser autonómico. El alcalde Ribó ya desveló el pasado jueves en el pleno que pedirá a la Autoridad Portuaria, o por extensión al Gobierno, la propiedad de la Marina sur, donde se ha previsto una de las mayores concesiones de este espacio, un varadero con todas las instalaciones, incluidas un pequeño hotel.

La Marina sufre un evidente parón en numerosas concesiones, como los dos tinglados, el antiguo varadero, los Docks, la estación Marítima o las obras de reurbanización del entorno, además de un hotel de hasta 30 plantas y que se convertirán en el icono de la dársena con permiso del edificio Veles e Vents.

Desde que en octubre se produjera el rechazo de Ribó a la fórmula planteada por el Gobierno, dejar como socio a la Autoridad Portuaria con las mismas condiciones y capacidad de veto, han pasado ocho meses al ralentí en concesiones e inversiones de calado. El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, señaló este domingo tras conocer el anuncio de Puig que confía en que sea rechazada. «Esperemos que el alcalde no ceda, porque sino estaríamos nuevamente ante un intento de desmantelar la ciudad para regalársela a la Generalitat, como con Correos o Feria Valencia».

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