La EMT se rebela frente a Grezzi

El rechazo de los sindicatos al preacuerdo firmado con la EMT sobre las prejubilaciones supuso ayer la primera jornada de paros, convocada a medianoche del miércoles al jueves, y la sentencia de muerte para la paz social dentro de la empresa. El cruce de reproches entre sindicatos y el gerente, Josep Enric García Alemany, y el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, fue constante durante todo el día, mientras la huelga paralizó la ciudad tanto a primera hora como a la salida de los colegios. Metrovalencia parará hoy, como viene haciendo desde hace semanas, mientras el taxi mantiene una tensa espera a expensas de lo que ocurra en Madrid o Barcelona tras la llegada de Uber.

La jornada de ayer, salpicada por comunicados, cartas internas y declaraciones públicas, fue trepidante. Comenzó pasada la medianoche, cuando los trabajadores de la EMT decidieron con 550 votos en contra y 447 a favor rechazar el preacuerdo firmado por los sindicatos. La decisión era clara: a la huelga. Así amaneció en Valencia, con unos servicios mínimos del 70% que dejaron colas kilométricas en muchas paradas. La huelga, por cierto, se repetirá el próximo día 29, al que seguirán el 4, 12, 20 y 27 de febrero, según el calendario aprobado el pasado noviembre.

Mediada la mañana llegó una carta del gerente de la empresa en la que carga contra el «juego bruto» de algunas secciones sindicales. «Estoy hablando de las votaciones de este miércoles sobre el preacuerdo con todos los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de la plantilla. Un preacuerdo que firmaron todos en una mesa con el propio director gerente», explicó García. Hizo referencia al escrito rubricado por todas las secciones sindicales (UGT y CCOO pero también Apttuv, TUC y CGT) en virtud del cual los trabajadores harán el 40 % de las jornadas de trabajo en su puesto habitual, y podrán hacer el 60 % restante en una segunda actividad menos penosa. García señala que ir a la huelga es «legítimo», pero insiste en que no apoyará la petición de trabajar menos jornada de las que marca la ley en caso de prejubilación parcial, aunque haya un laudo laboral que da la razón a los trabajadores.

El presidente del comité, Adolfo Cruz, respondió a esta carta con un comunicado en el que quiso manifestar el «hartazgo» de los trabajadores por las «amenazas, coacciones e intentos de amedrentar al colectivo» de la dirección. «En la carta se manifiesta que no vamos a cobrar la subida salarial. Por nuestra parte, si no se cumple, no nos quedará más opción que reclamar ante el juzgado los intereses de demora», indicó Cruz, que aseguró no entender las declaraciones del gerente, «que se dirigen más hacia la imposición que al diálogo».

Y si el ambiente ya estaba enrarecido, llegó Grezzi para terminar de soliviantar a unos y otros al asegurar que la huelga no se la están haciendo a él, sino a la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. «Esta huelga en el fondo está hecha pidiéndole y reclamándole a la ministra que tome cartas en el asunto y cambie esa ley que obliga a los trabajadores de la EMT a cumplir un determinado número de días de trabajo en prejubilación», dijo. Pero una vez más, Grezzi consiguió también enfadar a sus socios del Gobierno. El PSPV, a través del portavoz del partido en la ciudad, Borja Sanjuán, instó al edil a «asumir su responsabilidad al frente de la EMT». «Echar balones fuera no ayuda a solucionar el problema», afirmó.

La Federación de Asociaciones de Vecinos lamentó la «nula información» sobre la huelga: «Entendemos que esta no es la mejor manera de promocionar el transporte público». Por su parte, la candidata del Partido Popular, Mª José Català, responsabilizó al alcalde Joan Ribó de los problemas en la EMT y pidió al primer edil que se responsabilice directamente de la negociación con los sindicatos y el comité de la EMT. Por su parte, el concejal de Ciudadanos Narciso Estellés dijo que los paros «son la culminación del proceso absolutamente errático y sectario de gestión del concejal Grezzi en esta vital empresa municipal».

Los ayuntamientos de Valencia, Barcelona, Madrid, Zaragoza y A Coruña presentaron ayer en la sede de la EMT en Valencia el borrador de una ley de financiación de transporte público colectivo de ciudades y áreas metropolitanas que establezca que los Presupuestos Generales del Estado destinen como mínimo 0,25% del PIB a cubrir los gastos de las redes de transporte. Con los valores actuales, serían unos 2.500 millones de euros.