Recupera su vivienda okupada tras vivir nueve meses en una furgoneta

Hedor a basura, ropa desparramada por doquier, mobiliario hecho trizas e incluso una pareja de gatos. Esta es la estampa que se encontró José Ignacio Ponce al volver a pisar la que era su casa más de un año después de que la inquilina dejara de abonar las mensualidades. El calvario de este valenciano de 51 años se agravó el pasado mes de enero, fecha en la que sufrió una ruptura con su entonces pareja sentimental que le obligó a cambiar la vivienda en la que residían conjuntamente por el maletero de una furgoneta dado que una okupa con menores a su cargo se había adueñado de su morada: «Estoy triste. Me he sentido abandonado por el sistema al tener que haberme ido a vivir en la calle durante nueve meses para recuperar mi casa«, declara apesadumbrado en medio del cuarto en el que dormía cuando era pequeño. »He perdido años de vida por esto«, resume.

La pesadilla de José Ignacio está lejos de terminar. Aunque las llaves del piso estén de nuevo en su bolsillo desde el pasado 26 de septiembre, la culpable de todos los males que le han azotado en estos últimos meses vive con sus padres en el piso de arriba. Digamos que ya no tiene al enemigo en casa, pero lo tiene en la misma escalera y se le hace imposible convivir con esta circunstancia. «Se me revuelven las tripas cuando tengo que hablar de ella», explica con angustia. José Ignacio ya tiene ofertas de compra por el piso en el que tanto su hermana como él se criaron bajo el cuidado de su tía y su abuela, que además regentaban un quiosco en la planta baja del edificio, pero alega que va a emprender acciones legales contra su anterior inquilina y sus progenitores por amenazas, injurias y calumnias vertidas contra su persona: «Me han paralizado la vida», lamenta.

El propietario confiesa que sus manos no han tocado nada del polvorín en el que ha quedado convertida la estancia por la dureza en forma de malos recuerdos que ello implica y ha encargado la limpieza del inmueble a una empresa externa. De hecho, con tal de sufragar el coste del procedimiento judicial y ante la incertidumbre de no saber hasta cuando se iba a alargar, José Ignacio, reconocido coleccionista de camisetas de fútbol antiguas, admite haber tenido que vender alguna de las equipaciones legendarias del Valencia Club de Fútbol.

Tal y como ha podido comprobar este diario en la documentación relativa al proceso judicial, una de las condiciones que 'impuso' la okupa para salir de la vivienda es que su legítimo dueño se hiciera cargo de dos gatos a los que José Ignacio alimenta a diario mientras busca una protectora animal que se haga cargo de ellos. No ha bautizado a los animales dado que prefiere seguir viviendo en la caravana hasta que encuentre otro inmueble. Asegura que, a esta alturas, no le tiene miedo a los okupas, está curado de espanto tras haber sufrido intentos de robo durante sus nueve meses de vida callejera.

Para más inri en forma de gastos, a los 600 euros mensuales de renta pasiva que no ha cobrado desde hace más de un año, a José Ignacio le ha surgido otro gasto imprevisto, uno más de una larga lista. El dueño del inmueble ocupado ha tenido que alquilar un trastero para guardar sus colecciones de reliquias de camisetas de fútbol retro y 400 discos de música en formato vinilo.

La cronología del proceso judicial empezó hace 11 meses, desde que José Ignacio interpuso en noviembre del año pasado la demanda por los impagos del alquiler en los que su inquilina incurría desde el mes de agosto. La primera sentencia falló en favor del propietario, pero la okupa alegó ser una persona vulnerable con tal de alargar el procedimiento. No obstante, el 26 de junio se le acabó el chollo cuando el juzgado publicó el auto de lanzamiento «no prorrogable» a partir de un mes. En resumidas cuentas, la justicia daba 30 días para que la ocupante ilegal desalojara el inmueble de manera voluntaria, pero su salida no se hizo efectiva hasta el 26 de septiembre, dos meses más tarde. ¿Qué pasó ahí? En palabras del dueño, «han estado dos meses más por la jeta».

Para el juez, y atendiendo a los informes de vulnerabilidad remitidos por Servicios Sociales, José Ignacio presentaba un mayor grado de vulnerabilidad que la ocupante ilegal al estar residiendo en la calle, recibir ayuda psicológica y necesitar de una operación de rodilla. Asimismo, el magistrado ofrece una solución habitacional a la ocupante ilegal y los menores a su cargo que consiste en regresar a la vivienda de sus padres que, precisamente, residen en la misma comunidad vecinal.

José Ignacio se muestra agradecido por el trato recibido en todo momento por parte de los policías, el personal del juzgado de Valencia y los funcionarios del Ayuntamiento de Mislata que han intervenido durante todo el laberinto judicial. Sin embargo, muestra una gratitud especial hacia la Plataforma de Afectados por la Ocupación en España: «Me han dado apoyo moral y jurídico para tomar las decisiones claves y recuperar mi casa».

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