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«En el Ayuntamiento de Valencia se realizará un seguimiento de la evolución de los gastos no financieros computables a través del control de resultados ... del presupuesto modificado, previo a la aprobación de cada una las modificaciones propuestas, y de los informes de ejecución trimestral de los presupuestos». En este lenguaje oscuro está oculto el anuncio de que los técnicos de Hacienda del Consistorio fiscalizarán, a partir de ahora, cualquier modificación del crédito, que es el mecanismo empleado por la concejalía para hacer frente a gastos imprevistos.
Así lo desvela el plan económico financiero al que el Consistorio ha tenido que someterse después de que en 2024 se incumpliera la regla de gasto. «El gasto computable se ha incrementado en un 2,599%, ligeramente por debajo de la tasa de referencia del 2,6%. La causa del incumplimiento no es, por tanto, el incremento de gasto, sino la disminución de ingresos tributarios por modificaciones de ordenanzas municipales, cuantificada en 52,44 millones de euros, que conlleva una reducción en la misma cuantía del límite aplicable», indica el informe.
Según ha explicado la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, «el Ministerio de Hacienda publicó el 10 de mayo de 2024 en su respuesta a 'preguntas frecuentes sobre los efectos de la reactivación de las reglas fiscales en 2024 con relación a las entidades locales' que 'siempre que la entidad local cierre en una posición de equilibrio o superávit en términos de contabilidad nacional no sería necesaria la aprobación de un plan económico-financiero'».
Sin embargo, tras desdecirse el ministerio de lo que había manifestado por escrito, con la publicación en marzo de 2025 de una nueva respuesta distinta y contradictoria, en la que manifiesta que «las entidades locales liquidan el ejercicio 2024 con déficit o incumplen la regla de gasto, deberán aprobar un Plan económico-financiero en los términos establecidos en el artículo 21 de la LOEPSF», y siguiendo el criterio de la Intervención General Municipal; la Junta de Gobierno Local ha propuesto elevar al Pleno la aprobación de un Plan Económico-Financiero que no precisa la adopción de medidas adicionales, más allá de vigilar las modificaciones del presupuesto que incrementen el gasto y hacer seguimiento de la ejecución.
Además, según ha señalado, «entre los gastos del año 2024 están, como apunta el informe del Servicio Financiero, desembolsos no previstos como consecuencia de la dana por más de 23 millones de euros, que este gobierno municipal ha atendido con prontitud en tanto se dilataba la llegada del dinero por parte del Gobierno de España; así como tener que hacernos cargo en 2024 del pago de 5,5 millones por atrasos de personal devengados en los ejercicios 2022 y 2023, que el anterior gobierno dejó sin atender».
El portavoz socialista en Valencia, Borja Sanjuan, ha reprochado a María José Catalá que haya «dilapidado» en menos de dos años la solvencia financiera que el Ayuntamiento había alcanzado después de ocho años de gobierno progresista. Sanjuan se ha manifestado en estos términos después de que el gobierno del PP se haya visto obligado a aprobar un plan económico financiero como consecuencia de su decisión de bajarle el IBI «a las personas con las rentas más altas de Valencia».
«En 2023, cuando el Partido Popular llega al Ayuntamiento de Valencia, este era el Ayuntamiento más saneado de España, tenía los mejores datos de gestión económica de España, tenía los mejores datos de sostenibilidad, un nivel de deuda que era prácticamente nulo para el presupuesto que tiene y un periodo medio de pago que era muy bueno. Es decir, que tenía unos datos financieros absolutamente solventes como consecuencia de la gestión socialista, pero solamente dos años después, el gobierno de Catalá ha destruido este legado y se ha visto obligada a aprobar un plan de control», ha manifestado.
El responsable socialista ha incidido en que el gobierno municipal ha gastado más dinero del que le permitía la normativa. «Y lo ha hecho no porque haya gastado mucho sino porque se empeñó en hacer una rebaja fiscal absurda que solamente beneficiaba a la gente que tenía muchos inmuebles o que tenía los inmuebles más caros de la ciudad. Y, por eso, ahora el Ayuntamiento de Valencia ha tenido que entrar en un plan económico financiero que, por ejemplo, le va a dificultar el poder hacer modificaciones de crédito para atender gastos inversiones o, por ejemplo, para hacer gastos extraordinarios para ayudar a los pueblos del sur en los asuntos que tienen que ver con la dana«, ha continuado.
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