Relevo de okupas en Bloque Portuarios de Valencia

Un buen ejemplo es el de Antonio Escrich, dueño de uno de los pisos, que ya ha interpuesto la tercera denuncia por allanamiento de morada. «Llevo con el problema desde 2017. Hubo un primer juicio y lo desestimaron. Volví a denunciar y se condenó en 2019 a los okupas a pagar una multa y a desalojar la casa en seis meses». Como detalla, el desalojo se tenía que haber producido en 2020, «pero como vino la pandemia, se paralizó y la nueva fecha fue marzo de 2021».

La sorpresa de Antonio vino cuando «el día del desalojo resulta que el denunciado se había ido, pero en su lugar estaba de okupa su hermano y la familia, por lo tanto, tenía que volver a empezar el proceso, porque es una persona distinta», confiesa.

El problema añadido es que Antonio reside en Inglaterra «y cada vez que tengo que poner la denuncia, me toca pagarme un avión y alquilarme un piso porque no puedo quedarme en mi propia casa». Afirma que entre viajes, alquiler y abogados, ya se ha gastado más de 3.000 euros.

Otro vecino que también ha pasado malos momentos es José Morte. «He tenido durante once años okupas. Los que entran, si es una casa de titularidad pública, enseguida los desalojan, pero nosotros estamos sin apoyo y nos tiramos años para conseguirlo». Cuenta que «me tocaba pagar un seguro por si mientras estaban dentro los okupas les pasaba algo y he tapiado varias veces la casa».

En la mayoría de patios no van los ascensores, los usan de armario de la chatarra «y no tenemos ni luz en la escalera, si subes por la noche, tiene que ser con linterna. Los okupas tienen enganchada la luz y el agua», añaden.

En la oficina del plan Cabanyal afirman que en los últimos meses han abortado tres o cuatro allanamientos de moradas y que cuando ponen puertas antiokupas, la refuerzan y atornillan al suelo para que no las arranquen,

Los vecinos afirman que no ven la luz al final del túnel «porque nos prometieron que el proyecto iba ya y nos han confesado que no tienen dinero para hacerlo».

De hecho, Generalitat y Ayuntamiento desestimaron pedir ayudas Arru al Estado y han solicitado 27,5 millones al plan europeo Next Generation, pero hasta octubre o noviembre no se sabrá si se acepta. Según Alejandro Aguilar, secretario autonómico de Vivienda, «estas ayudas llevan una tramitación más ágil y se puede ingresar el dinero a la entidad que lo vaya a ejecutar, en este caso, a plan Cabanyal. Mantenemos nuestro compromiso y son proyectos que tienen que estar finalizados antes de 2026».