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Un total de 5.100 personas están en lista de espera en los centros de Servicios Sociales de Valencia a la espera de ser atendidas. Esa es la respuesta que ofrece el Ayuntamiento al Síndic de Greuges en un informe fechado el pasado 9 de septiembre tras la investigación abierta de oficio por la entidad consultiva. La cifra sirvió ayer a la portavoz del grupo popular en el Consistorio, María José Catalá, para reclamar un plan de choque que acabe con el atasco actual.
Los técnicos culpan en el informe a la pandemia sanitaria como causa de la demora en la atención a los solicitantes, personas que pueden requerir cualquier ayuda de emergencia, formación u otro servicio debido al riesgo de exclusión que sufren.
En el documento se habla de una media de 48,6 días de espera, teniendo en cuenta que sólo se refiere a los hábiles. De este modo, la mayoría de solicitantes aguardan desde hace unos tres meses para que alguno de los 260 técnicos repartidos en la docena de centros sociales les escuchen.
Entre las razones se indica para la demora se habla del incremento de las solicitudes, especialmente las demandas de ayudas sociales. «Existen nuevos perfiles de usuarios del sistema de atención primaria de Servicios Sociales, como consecuencia de la situación generada por la pandemia», se añade, para subrayar que se han puesto en funcionamiento nuevas vías de comunicación para la petición de atención como el correo electrónico. «Hay que continuar manteniendo las limitaciones de aforo y las medidas de seguridad e higiene, garantizando las distancias de seguridad en los centros para prevenir los contagios. Las citas previas deben darse espaciadas de manera que no se provoque la acumulación de personas».
Por último, se indica la merma en las plantillas, ya que «ciertos colectivos están exentos de asistencia al puesto de trabajo al ser considerados de riesgo por edad o por existencia de patologías previas lo que supone la existencia de situaciones de incapacidad temporal o la necesidad de empleo de un teletrabajo».
Catalá pidió que se redoble el «personal municipal de Servicios Sociales y se impulse un plan de choque para dar respuesta sobre todo a las personas y familias más vulnerables». Lamentó que los centros de Servicios Sociales «no tengan personal suficiente para atender con prontitud la avalancha de petición de citas previas cuando el gobierno de Ribó ha incrementado el gasto en nóminas en más de cien millones los últimos cinco años».
La edil insistió en que con la situación actual de «crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus, la atención social a las personas más vulnerables debería ser una prioridad de todos los gobiernos».
El gobierno municipal contestó a estas acusaciones diciendo que este mes, la docena de centros tiene previsto unas 1.260 citas a la semana con una media diaria de 252 casos. Sin negar el atasco reconocido al Síndic de Greuges, comentaron que a fecha de 29 de septiembre se habían tramitado el 93,40 % de las solicitudes de Renta valenciana de Inclusión recibidas y el 46,84% de las familias solicitantes reciben ya las ayudas.
En cuanto al colapso de la cita previa, argumentaron igual que en el informe al Síndic, es decir, que las medidas de prevención de contagio son parte de la causa principal. Por último, la concejala de Servicios Sociales, Isabel Lozano, aseguró que el PP «está desubicado y quiere instalar el discurso de que los centros están saturados».
El informe enviado al Síndic de Greuges habla también del balance del trabajo en cuanto a las solicitudes pendientes de aprobar para recibir las ayudas por la dependencia. El pasado 9 de septiembre había un total de 7.287 casos contabilizados.
De esta cifra, 820 solicitudes están todavía pendientes de grabar. La mayoría de ellas corresponden a febrero de este ejercicio, aunque la más antigua tiene fecha de registro de entrada del pasado 29 de noviembre por estar pendiente de subsanar documentación por parte del interesado.
Otro apartado está formado por las grabadas, pero se encuentran pendientes de validación por parte de la Conselleria de Igualdad. De este tipo hay 327 expedientes. Por último, hay 6.140 que han pasado todos los trámites excepto el informe social del entorno.
Fuentes de la concejalía de Igualdad indicaron tras conocer la denuncia del PP que el servicio de Atención a la Dependencia tramitó en 2019 el mayor número de solicitudes (2.817). «Muy importante es el hecho de que este año se ha reducido de 7.658 a 515 la cifra de expedientes de dependencia pendientes de ser registrados», en referencia al primer trámite para poder recibir los fondos por cuidar a una persona que no puede valerse por sí misma. La delegación no señaló el total que todavía no ha sido resuelto, es decir, si se ha eliminado ya el atasco de expedientes.
El gobierno municipal llegó a contratar a 60 personas en 2017 para agilizar los expedientes, aunque el asunto desembocó en una denuncia de la Delegación del Gobierno al no haber incluido el gasto de nóminas en el presupuesto.
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