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El alcalde, Joan Ribó, en el hemiciclo del Ayuntamiento de Valencia. irene marsilla
Ribó acumula ya este año dos mil contratos a dedo por valor de 7,5 millones

Ribó acumula ya este año dos mil contratos a dedo por valor de 7,5 millones

El Ayuntamiento duplica el ritmo en 2020 y pasa de firmar una media de 124 al mes a los 222 adjudicados ahora cada mensualidad

MAR GUADALAJARA

Domingo, 4 de octubre 2020, 23:18

El Ayuntamiento de Valencia ha perfeccionado la técnica para esquivar el concurso público. Tiene estudiada la jugada maestra y no ha dejado de practicar, lo que les lleva esta temporada a conseguir su mejor marca. En lo que llevamos de año el Consistorio acumula 2.000 contratos a dedo por valor de 7,5 millones de euros.

Todos ellos son acuerdos menores que no superan el límite impuesto por ley para poder adjudicarlas directamente y no tener que someterlos a concurso público, según denuncia el Partido Popular. Así, acumulan sus licitaciones en cifras como 17.999 o 49.999 euros que son los límites en función de si son contratos de obras en este último caso.

En concreto, se han adjudicado 878 contratos menores por valor de 6,1 millones a los que cabe sumar otros 954 firmados por las empresas municipales por valor de 1,3 millones. Así, en estos diez meses han duplicado el ritmo. Tal y como demuestra el grupo municipal popular, de los 124 contratos firmados al mes en 2019, ya superan los 200 adjudicados mensualmente en lo que llevamos de año, hasta sumar la redonda cifra de los 2.000. Y no es de extrañar cuando hasta el pasado mes de junio eran doce los contratos firmados para acometer la reforma provisional de la Plaza del Ayuntamiento.

Catalá denuncia lo que considera «un abuso» del gobierno municipal de Compromís y PSPV de esta modalidad contractual

De estos doce, diez se hicieron fuera de concurso siguiendo el patrón del tope legal. Ejemplo: en el diseño de carril bus de la EMT y la delimitación de las zonas peatonales y las abiertas al tráfico, con los polémicos maceteros la adjudicación se a 50 euros del límite legal. Se hizo a dedo. El encargo a La Paisatgería es uno de los más sonados por formar parte de la investigación abierta por la Agencia Valenciana de Antifraude tras las denuncias del Partido Popular y Ciudadanos.

La lista de jugadas continúa. En un lado están los adjudicados directamente por la administración municipal como el del diseño de la imagen gráfica para el proyecto 'Barris Inclusius' por valor de 8.500 euros o la dinamitación de 'L'Horta a la Plaça' con otra licitación por 16.153 euros. Y por otro aquellos que se conceden a través de empresas municipales. Como es el Centro Mundial de la Alimentación, CEMAS en los que el Ayuntamiento lleva gastados más de 75.000 euros en siete contratos menores.

La portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, desvela además que el número de contratos menores en las empresas públicas podría ser mayor; asegura que pocos muestran la información actualizada, y algunos casos, como la Fundación Parques y Jardines, no ofrece ninguna información en los adjudicados a lo largo del 2020.

La líder de la oposición municipal denuncia lo que considera un «abuso» de los gobiernos municipales de Compromís y PSPV de los contratos a dedo para evitar la pública concurrencia. «Las adjudicaciones a dedo de contratos se han convertido en la principal marca del mandato de Ribó y sus socios de gobierno», declara Catalá.

La portavoz vuelve a poner sobre la mesa que los sucesivos Informes de Control Financiero de la Intervención General del Ayuntamiento ya vienen advirtiendo del gran número de concejalías que hacen de los contratos menores su principal herramienta de gestión, algo que considera «reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas».

En el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas abrió el pasado mes de julio una investigación sobre presuntas irregularidades cometidas en tres contratos menores de 2016, efectuados por el gobierno municipal.

El auto del Tribunal de Cuentas hace referencia a estos tres contratos donde se aprecia una «irregular facturación, que no se ajustó a la documentación contractual, al no venir acompañadas dichas facturas de la documentación exigible».

El Ministerio Fiscal señaló que «pudiendo suponer las irregularidades advertidas un menoscabo patrimonial en fondos públicos susceptible de generar responsabilidad contable por alcance» procede al nombramiento de un instructor. Esta última figura debe realizar todas las pesquisas necesarias para determinar quienes son los culpables de estas posibles irregularidades.

Cabe recordar que el Tribunal de Cuentas, destacan los populares, advirtió a principios de año en un informe que el ejecutivo municipal era el que más empleaba este tipo de contratación directa. «Un 96,8% de los contratos adjudicados en 2016 fueron a dedo», dice la portavoz.

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