Ribó acumula 380 contratos sin concurso público en cinco meses por 2,6 millones

valencia. La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, denunció ayer que el gobierno municipal de Compromís y PSPV «siguen utilizando los contratos menores para la gestión diaria y poder dar a dedo los contratos sin tener que ir a concursos públicos», a la vista de los datos conocidos.

«Un abuso que continúa toda la legislatura a pesar de la continuas advertencias desde la Intervención Municipal de no recurrir a este sistema sino al concurso público, ya que se trata de actuaciones que se repiten cada año», aseveró. En cinco meses, las concejalías han adjudicado un total de 380 contratos a dedo por un importe de 2.597.700 euros. «Hay que recordar que a lo largo de 2020 fueron 1.636 contratos por un valor cercano a 11 millones».

La concejala advirtió que «es una práctica habitual de este gobierno recurrir a los contratos menores, en muchos casos con claros fraccionamientos, para eludir el control de una licitación y otorgarlos a dedo. Las advertencias son continuas, pero siguen recurriendo a este sistema».

Uno de los casos que está investigando la Agencia Valenciana Antifraude son las contrataciones a través de contratos menores de las obras provisionales de la plaza del Ayuntamiento, donde a juicio de este grupo de la oposición hubo un claro fraccionamiento de contratos. También la propia Agencia advirtió de fraccionamientos en las contrataciones de hasta dieciocho contratos en el Organismo Municipal de Parques y Jardines, contratos por 220.000 euros.

En el último informe de la Intervención se apuntaba que la mitad de contratos menores firmados por el Ayuntamiento en 2019 tenían incumplimientos legales o defectos formales. Además, señala que el Consistorio pagó 17,45 millones por medio de esta forma de contratación. Los técnicos realizaron un estudio sobre un muestreo de los 3.791 contratos menores firmados por el gobierno municipal en 2019, con un importe de adjudicación de 17,6 millones de euros, y concluye que el 36% de los encargos incurre en algún incumplimiento y un 15% adolece de algún defecto formal.

La cuantía que el Ayuntamiento pagó a través de contratos menores que incumplen la totalidad de requisitos que marca la normativa sobre contratación pública alcanza los 9,4 millones de euros. Las principales irregularidades en los contratos menores fueron la omisión de la publicidad requerida por la ley.