Ribó corta las alas a la oposición en el Ayuntamiento de Valencia

La oposición municipal en Valencia sigue sin dar crédito a las decisiones del alcalde, Joan Ribó, para este mandato en el Ayuntamiento de Valencia. Han pasado ya diez días desde las primeras medidas tomadas contra PP, Ciudadanos y Vox en el Consistorio y los portavoces municipales insisten en que con menos sueldo, menos asesores y menos capacidad de hacer preguntas en el pleno su trabajo se va a ver seriamente comprometido, aunque el equipo de Gobierno insiste en que las medidas tomadas son necesarias bien para cumplir la ley de racionalización de la administración local o bien para atender a las peticiones de los servicios municipales. Las concejalías protestaron porque las preguntas de los concejales saturaban a los funcionarios.

La más vehemente contra el primer edil fue la portavoz del grupo municipal popular, el segundo más amplio en el Consistorio. María José Catalá estudia en estas fechas acudir a los tribunales e iniciar acciones legales si el reparto de dedicaciones y personal eventual no cumple estrictamente los criterios de proporcionalidad, tal como explicaron fuentes populares. Están a la espera de lo que ocurra en el pleno de organización, que se ha retrasado hasta el jueves en lugar de celebrarse mañana, para comprobar si el anuncio de Ribó de que las ocho dedicaciones parciales que tiene que asignar el Consistorio a los concejales van a estar todas en la oposición, tal como anunció el equipo de Gobierno que, además, insistió en que la pérdida de sueldo sería apenas de unos 400 euros al mes.

«No vamos a tolerar que Ribó haga del Ayuntamiento su cortijo y use el dinero público para colocar a sus amigos», dijo Catalá, que además criticó que el alcalde pretenda que la mitad de la oposición esté a tiempo parcial: «Eso es obstrucción de nuestra labor y vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes democráticamente elegidos».

El enfado fue superlativo el pasado viernes, cuando los portavoces supieron que el reparto de asesores por grupos cambiaba (Ciudadanos, por ejemplo, perdió uno, al calcular la ratio de 1,4 asesores por concejal para la oposición y de 1,7 asesores por edil para el equipo de Gobierno) y que el alcalde limitaba a cinco las preguntas que los ediles de la oposición pueden hacer al pleno, a las que hay que sumar otras cinco de parte de todo el grupo. El portavoz de Cs en el Consistorio, Fernando Giner, aseguró que van a seguir fiscalizando al alcalde «por muchos palos en las ruedas» que les ponga. Giner recordó que, en el ecuador del pasado mandato, el antiguo tripartito empezó a contestar con malas formas a las preguntas escritas de Cs, o directamente las dejaban sin contestar. «Está claro que la labor de fiscalización de la oposición no les gusta nada», indicó el portavoz de Ciudadanos.

«Nos parece lamentable que Ribó reste preguntas, sueldo y equipo de trabajo a la oposición para quedárselo él y los suyos. Ahora además de sectario es un alcalde absolutista», comentó Giner, que apuntó que en este mandato esperan «al Ribó más sectario, que hace rodillo y que le quiere quitar todas las posibilidades a la oposición de hacer su trabajo con dignidad». «Seguiremos haciendo oposición, como hemos hecho hasta ahora, con la misma eficacia», anunció.

En Vox también están muy enfadados, con el añadido de que al ser un grupo nuevo siguen sin dependencias municipales asignadas. Dice la lógica que podrían ocupar las oficinas de València en Comú, pero estas se encuentran fuera del edificio principal del Consistorio junto a las del grupo municipal socialista y el equipo de Gobierno municipal cree que los despachos de la formación de derecha populista deberían ubicarse en el número 1 de la plaza del Ayuntamiento, junto a los despachos de PP y Ciudadanos.

Pepe Gosálbez, portavoz de Vox, también criticó el «rodillo» que quiere aplicar el primer edil, que, según él, trata de manera diferente a unos grupos que a otros: «El PP sale a 44 metros cuadrados por concejal y nosotros a 28». El concejal lamentó que el alcalde «no quiera ser controlado» en el pleno y desveló que la vicealcaldesa Sandra Gómez dijo en la junta de portavoces que preguntar mucho era «un abuso de derechos».