Ribó ha gastado 2,7 millones de euros en contratos a dedo este año

Los concejales del Ayuntamiento de Valencia ha iniciado este año apostando fuerte por los contratos menores, aquellos donde no hay concurso público y llamados también a dedo por este motivo. Desde 2019 se requieren al menos tres presupuestos en la mayoría, aunque esto no quita para evitar las críticas de los grupos de la oposición. Hasta el 25 de abril, el número de expedientes era un 53% más elevado que en el mismo periodo de 2021, mientras que el gasto total se había disparado hasta el 42%, llegando de esta manera a los 2,7 millones de euros.

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, advirtió este martes que el gobierno de Compromís y PSPV sigue aumentando esta fórmula de gestión, más rápida que el concurso público y legal, aunque no por ello cuestionada por ejemplo desde la Agencia Valenciana de Antifraude o la propia Intervención municipal al limitar los principios de publicidad y libre concurrencia».

En cifras, a fecha de 25 de abril, las concejalías gestionadas por Compromís y PSPV habían adjudicado un total de 414 contratos por valor de 2,7 millones de euros, frente a los 270 del pasado año en la misma fecha por 1,9 millones.

«Esto supone un incremento del 53% en el número de contratos y un incremento del 42% en el importe pagado por esta vía», subrayó Catalá, quien abogó por reducir este tipo de contratación que evita el concurso público. La portavoz del PP recordó que el año pasado adjudicaron más de 13,7 millones de euros a través de contratos a dedo, 3 millones más que en 2020. Un total de 1.873 contratos municipales se tramitaron a través de contratación menor. «Una práctica calificada por el Interventor municipal como muy excepcional que Ribó y sus socios del PSPV han hecho como habitual», añadió. De seguir la tendencia iniciada en los primeros cuatro meses del año, este ejercicio supondrá un nuevo incremento.

«Este equipo de gobierno tiene un problema de gestión. No ejecutan, no sacan a concurso público las grandes contratas, y apuesta por los contratos menores, a dedo», afirmó Catalá, quien recordó que uno de los últimos ejemplos ha sido la adjudicación por 14.999 euros, a un euro de los 15.000 que es el límite legal, de un proceso participativo para colocar un nuevo monolito en la plaza del Ayuntamiento. Al final este contrato superará los 18.148,79 ya hay que sumar los 3.149,79 en concepto de IVA.

Catalá advirtió de que el Interventor en su Auditoría de control interno de 2021 señala «la tramitación indebida como contratos menores para pagar gastos recurrentes y/o con duración de más de un año», como una de las deficiencias a enmendar. La casuística es muy variada y abarca desde conciertos de música, el pago de una merienda por algo menos de 900 euros en un centro de mayores o la digitalización de fondos de la casa museo Blasco Ibáñez por más de 8.000 euros.

También se encuentra el patrocinio de una actividad del Año Berlanga o la compra e instalación de un pupitre señalizador por la misma efeméride. Todo lo que no supere los 15.000 euros (IVA aparte) en un contrato de suministros o servicios, junto al límite de los 40.000 euros para las obras, puede formar parte del apartado contratos menores para agilizar trámites. Buena parte de ellos rozan el límite legal, como sucedió con casos tan sonados como el diseño de la reforma de la plaza del Ayuntamiento, el de los famosos maceteros de hormigón, que se quedó a unos pocos euros del tope.

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