Ribó se ha gastado 110 millones en encargos sin concurso público desde que es alcalde de Valencia

Este mandato es algo más moderado en cuanto al gasto que el primero, a tenor de la evolución de los presupuestos. De todos los ejercicios con Compromís y PSPV al mando del gobierno municipal, sin duda el de 2017 fue el más escandaloso en este sentido con un desembolso de 24,69 millones.

Ya entonces se aseguró la voluntad de reducir la cifra y abogar más por el concurso público, aunque esto se ha conseguido a medias, El pasado año se cerró con un gasto de 13,7 millones, mientras que en los cuatro primeros meses de este ejercicio se ha llegado a los 2,7 millones.

Los contratos menores han sido objeto a menudo de críticas por parte de la oposición municipal e incluso instituciones como la Agencia Valenciana de Antifraude, que llegó a recriminar el exceso de encargos sin concurso público hace escasas fechas, al hilo de sendas resoluciones sobre las bibliotecas municipales y el festival Bonica Fest.

La evolución de este tipo de gastos ha tenido altibajos, aunque nunca ha bajado de las dos cifras. En 2016 se llegó a los 21,42 millones, mientras que un año después fueron los citados 24,69 millones. En 2018 se bajó hasta los 14,9 millones y el siguiente ejercicio se llegó a 17,45 millones. El primer año de la pandemia la cuenta descendió hasta los 10,6 millones y el pasado se registró un aumento que situó los contratos menores en 13,7 millones.

En cuanto al ranking de servicios que más recurren a este tipo de encargos, destaca el servicio de Arquitectura y Servicios Centrales Técnicos, con un importe de 1,4 millones el pasado año, seguido de Patrimonio Histórico y Artístico, con un gasto de 967.318 euros. En tercer lugar se sitúa Cultura Festiva, que alcanza los 914.451 euros. El listado se completa en las primeras posiciones con Deportes, que llega a los 883.956 euros, junto al servicio de Acción Cultural, que se queda en 824.447 euros. Se da la circunstancia de que los tres primeros forman parte de concejalías de Compromís y los otros dos al grupo socialista.

La portavoz del grupo popular, María José Catalá, señaló este martes sobre esta práctica «se ha convertido ya en práctica habitual del gobierno del Rialto», para exigir más medidas de control y que salgan a concurso las licitaciones. «Estas contrataciones a dedo son muy poco transparentes», dijo acerca de un procedimiento que se cuelga en el portal de transparencia cuando ya se ha formalizado el acuerdo. Como se ha dicho, desde 2019 existe la obligación salvo contadas excepciones de pedir tres precios por el servicio, suministro o la obra. Para los dos primeros hay un precio tope de 15.000 euros y los segundos pueden llegar a 40.000 euros.

Entre las últimas subidas al portal de transparencia figura la modificación de una web de la concejalía de Cultura, con un precio de 3.630 euros, donde sólo se pidió un oferta. También

Catalá recordó que el año pasado el gobierno de Compromís y PSPV «lo cerró con más de 13,7 millones de euros pagados a través de contratos a dedo, más de 3 millones que en 2020. Un total de 1.873 contratos se tramitaron a través de este sistema, una práctica calificada por el Interventor municipal como excepcional que Ribó y sus socios del PSOE han convertido en habitual».

La dirigente popular alertó que la Agencia Valenciana Antifraude ya ha puesto el foco en estas contrataciones. «Ha emitido dos resoluciones en las que reprocha al Ayuntamiento la falta de control o la irregularidad de varios contratos públicos para la gestión de la comunicación de teatros y bibliotecas municipales y para la promoción del festival Bonica Fest de 2019».

En el primero se analizó una denuncia sobre que la misma empresa fue adjudicataria sin concurso público de los servicios de comunicación de las bibliotecas públicas y los teatros TEM y La Mutant, para facturar cerca de 87.000 euros desde 2017. Sólo en los actos de las pasadas navidades se recurrió a más de 80 contratos menores por valor de cerca de un millón de euros, dijo la edil. Sobre esto, una de las defensas habituales del gobierno municipal es que se trata de servicios que sólo puede realizar una empresa, por ejemplo un concierto, aunque la práctica se ha extendido a encargos que agrupados podrían formar parte de una licitación pública.

La segunda de las resoluciones de Antifraude hacía referencia a irregularidades en un contrato por 35.000 euros para la promoción del Bonica Fest 2019, que incluía la colocación de un expositor de promoción que no se desarrolló en las condiciones pactadas, sin que se aplicase penalización alguna a la firma adjudicataria.