Ribó lleva gastados en seis meses 3,5 millones en 550 contratos sin concurso

En concreto, afirman que en ese período de seis meses son un total de 550 los contratos sin concurso previo los que se han realizado por un importe de 3,5 millones de euros.

Se trata de contratos menores que no precisan de un concurso y que, por tanto, se traduce en la posibilidad de que los elija y formalice cada una de las concejalía directamente.

Según critican los populares en el Consistorio de valencia, esta práctica ya es habitual a pesar de los continuados informes emitidos por la Intervención General que dice que es «reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas».

La concejala del Grupo Popular, Paula Llobet, asegura que esto supone «un abuso» de los gobiernos municipales de Compromís y PSPV de los contratos a dedo para evitar claramente la pública concurrencia de las actuaciones.

Por todo ello, la edil popular Paula Llobet afirma que las adjudicaciones a dedo de contratos para evitar los concursos en los que se garantiza la pública concurrencia de las diferentes empresas interesadas en participar «se han convertido en la principal marca del mandato de Joan Ribó y sus socios de gobierno desde que llegaron al Ayuntamiento de Valencia».

Precisamente poniendo la mirada en el pasado, los populares afirman que cabe recordar «que a lo largo del pasado año se adjudicaron un total de 1.636 contratos por un valor cercano a los 11 millones de euros».

Incluso la edil Paula Llobet añade que «si nos remontamos a lo que llevamos de mandato de Ribó y el PSOE al frente del Ayuntamiento de Valencia, la cantidad asignada a través de este tipo de contratación directa supera los 20 millones de euros gastados en contratos a dedo».

Paula Llobet también recuerda que los sucesivos informes de control financiero realizados por la Intervención General del Ayuntamiento de Valencia vienen advirtiendo que un gran número de concejalías tiene en los contratos menores su principal herramienta de gestión, algo que ha considerado, coincidiendo con los apercibimientos de la Intervención General, «reprobable e inapropiado para garantizar la igualdad y pública concurrencia de las empresas».

Además, según aseguran los populares, cabe añadir que el informe realizado por la Intervención General del Ayuntamiento sobre el control del sector público «recomienda que en las adquisiciones de bienes y servicios superiores a 6.000 euros se soliciten al menos tres ofertas», ya que según establece el propio informe, «en atención al principio de buena gestión, la solicitud de varias ofertas supone justificar de forma razonable la obtención de la oferta económicamente más ventajosa para la administración pública».

Por su parte, fuentes de alcaldía afirman en contestación a estas críticas que «todos los contratos que se hacen desde 2015 cumplen taxativamente con la Ley de Contratos». Incluso añaden que «todas tienen el visto bueno de los organismos de control y fiscalización del Ayuntamiento, según sea el caso, como secretarias o Intervención». Del mismo modo, añadieron que «en ningún caso se ha visto que hubiera una contratación contraria a la ley».

Estas mismas fuentes consultadas del gobierno municipal recuerdan que «además, el gobierno de Ribó es el que ha implementado la obligatoriedad de invitar a al menos tres empresas a cualquier contrato menor de 18.000 euros, cosa que nunca hizo el gobierno del PP». Y concluyen que antes del año 2015 «sí había contratos a dedo porque el concejal decidía directamente a qué empresa quería otorgarlo y ahora se hace un llamamiento a diversas empresas para que se presenten».