Ribó rechaza la petición del Síndic y mantendrá el reglamento 'mordaza'

Según la respuesta difundida ayer por el grupo popular, los motivos que da la alcaldía para ignorar la petición del Síndic pasan porque consideran que la actual regulación «resulta más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos que en otros ayuntamientos».

También se alude a que ninguno de los grupos «ha presentado recurso contencioso contra la modificación reglamentaria recientemente aprobada, siendo que la vía judicial sería la única que permitiría obtener un pronunciamiento indiscutible sobre la legalidad y constitucionalidad de las disposiciones aprobadas».

El reglamento está vigente desde septiembre y se añade que en abril de 2023 la actual Corporación pasa a estar en funciones, por lo que «no existe tiempo material suficiente para abordar una nueva modificación reglamentaria en profundidad».

En relación con esto último, añaden que el consenso que «en estos momentos pudiera alcanzarse podría no ser representativo de la opinión de la Corporación municipal que surja de las próximas elecciones locales».

Sobre todo esto, la portavoz adjunta del grupo popular, María José Ferrer San Segundo, comentó que les encanta que «Ribó reconozca que en mayo el PP va a ganar las elecciones y cambiará el gobierno municipal, pero nos parece una falta de respeto, institucional y jurídico, de Compromís y PSPV que nieguen la recomendación del defensor del pueblo valenciano».

Recordó que en la reclamación se habla de «derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, y Compromís con los socialistas, se dedican a pasar el rodillo por ellos». La viceportavoz del PP reprochó que Compromís se niegue a contestar al PP en sus alegaciones en castellano, vulnerando así el artículo 9.2 del Estatuto de Autonomía.

Entre las restricciones más llamativas, destaca que se limita a cinco el número de preguntas por concejal al pleno. También se restringe el número de interrogantes sobre un asunto a uno solo y además de forma «escueta y estricta», como se indica en la normativa ahora vigente.

«Se impide volver a preguntar sobre un mismo asunto hasta transcurrir al menos seis meses», añadió Ferrer San Segundo, además de que se «suprimen las cinco preguntas adicionales por grupo municipal al pleno acordadas en la Junta de Portavoces de 2019». Por último, se recorta a tres el número de preguntas por concejal en una comisión informativa y a dos el número de mociones por grupo municipal. También se prohíbe registrar preguntas o mociones a concejales que no sean de una comisión.