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P. MORENO
Miércoles, 1 de junio 2022, 12:51
La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, María José Catalá, ha denunciado este miércoles que el gobierno de Compromís y PSPV lleva gastado 4,3 millones de euros en contratos menores, es decir a dedo y sin concurso, hasta el 31 de mayo. En menos de medio año el Ayuntamiento ha adjudicado 714 encargos, 270 contratos más que en 2021, y un incremento del 46% del importe gastado a través de la contratación directa. En 2020, a fecha también 31 de mayo, se había otorgado un total de 444 contratos, por un importe de tres millones.
Desde 2019 Compromís y el PSPV llevan gastados cerca de 40 millones de euros en contratación directa y como explicó Catalá, «es ya una práctica habitual del gobierno municipal recurrir a la contratación a dedo y evitando los concursos. Una práctica abusiva que ha supuesto reprimendas de Antifraude y de Intervención porque limita los principios de publicidad y libre concurrencia».
Catalá aseguró que «muchas de las contrataciones están previstas cada año y podrían realizarse las contrataciones a través de concursos para dar más oportunidades a las empresas interesadas de la ciudad y evitar la actual situación de opacidad y falta de transparencia».
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La portavoz del PP alertó que la propia Agencia Valenciana Antifraude ha «puesto el foco en las contrataciones a dedo del Gobierno de Ribó y el PSPV», en referencia a las resoluciones hechas públicas en las que se reprocha al Consistorio la falta de control o la irregularidad de varios contratos públicos para la gestión de la comunicación de teatros y bibliotecas y la promoción del festival Bonica Fest de 2019.
Las concejalías de Compromís y PSPV firmaron durante 2021 un total de 1.874 encargos sin concurso y aumentaron el gasto en 3,1 millones respecto a 2020. Por concejalías la que más contratos firmaron son servicio de Pobles de Valencia (156 contratos), Patrimonio (150), Cultura festiva (149) y en cuarto puesto Acción Cultural (117).
Desde que gobierna el alcalde Ribó, en el Ayuntamiento se han adjudicado contratos a dedo a empresas por valor de 110 millones de euros. Todo en un total de más de 18.000 encargos. Desde 2019 se aplica la práctica, en la mayoría de las ocasiones, de pedir al menos tres precios a oras tantas empresas, auque sin concurrencia pública.
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