Seis meses de ratonera en Ciutat Vella

Ciutat Vella está en peligro. Depende a quién le preguntes, ese peligro cambia: puede ser en peligro de quedarse sin clientes o comensales, o en peligro de convertirse en una zona de paso para los coches que la atraviesan para cruzar la ciudad de forma más rápida. Entre estos últimos se encuentra el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que hace poco más de seis meses empezó a multar a los coches que accedieran a la llamada Área de Prioridad Residencial (APR) que afecta a buena parte del barrio del Carmen. El balance que hacen tanto los números como quienes viven en sus calles es llamativo y habla a las claras de que las multas no cesan, las cámaras no dejan de fotografiar a infractores y los comerciantes del barrio se desgañitan en un grito desesperado de ayuda ante el riesgo, real, dicen, de que el barrio muera definitivamente.

Seguro que la sangre no llega al río, pero lo cierto es que el sistema que puso en marcha el Ayuntamiento de Valencia parece no estar funcionando del todo bien. Bueno, en realidad, una vez más, depende a quién le preguntes. Movilidad insiste en que los datos de tráfico son muy buenos, con descensos de hasta un 30% con respecto a antes de que se pusieran siquiera las cámaras, que estuvieron varios meses en pruebas antes de comenzar a multar ya en diciembre.

Repasemos dónde están colocadas. Las calles vigiladas son Corona, Salvador Giner, Salvador, Vieja de la Paja y la avenida María Cristina. Eso deja dentro de la zona por donde es necesaria una tarjeta para circular casi todo el barrio del Carmen, buena parte de la Seu y algunas calles del Mercat. En estas vías, los residentes y comerciantes tienen que estar registrados en el sistema, previa autorización del Consistorio, para que la cámara no multe a la matrícula grabada en los ordenadores municipales.

Y es aquí donde empiezan los problemas. Hay 14.200 vehículos matriculados que pertenecen a vecinos censados en Ciutat Vella y sólo 2.721 tienen el permiso para poder acceder a las calles donde residen. Según datos ofrecidos por el grupo municipal popular, se han concedido 9.229 permisos para poder entrar en vehículo en el APR, pero sólo 2.721 corresponden a vecinos. Quienes más autorizaciones para acceder a Ciutat Vella han conseguido son los transportistas pues han sido autorizados 3.474 permisos, mientras que 1.653 autorizaciones son para personas que tienen plaza de alquiler de garaje o vivienda en la zona. A asociaciones con local sólo se han concedido 73 permisos cuando hay más de 39 comisiones falleras en Ciutat Vella.

Los datos de multas también asustan, porque no dejan de crecer. Al cierre del mes de junio ya se han interpuesto más de 70.000 sanciones, lo que supone que el Consistorio podría ingresar más de 4,2 millones de euros, pues las multas son de una cuantía de 60 euros. El dato, además, es que estas no han dejado de crecer, lo que significa que la mayoría de vecinos desconocen las restricciones al tráfico. Además, cerca de 10.000 de los multados son reincidentes.

Los vecinos ya han reclamado en varias ocasiones una revisión de la APR, que aseguran que no está bien pensada. Amics del Carme ha pedido en varias ocasiones «rectificar lo que no se está haciendo bien». «Marginar a los residentes, fragmentar el barrio, es innecesario y se puede evitar fácilmente sin necesidad de modificar reglamento alguno», asegura la entidad, que apunta que ampliar «el número de calles en las que sus residentes pueden optar a circular por el área restringida mejoraría la residencialidad y no supondría ningún aumento significativo del tránsito, al igual que incluir los centros educativos tampoco comporta ningún aumento relevante como han puesto de manifiesto los datos del colegio Santa Teresa y sí, en cambio, da confianza a las familias».

Hasta las comisiones falleras han puesto el grito en el cielo. Aunque su actividad se reduce mucho en verano, conviene recordar que los colectivos festivos del barrio denunciaron, poco antes de la puesta en marcha de las cámaras, que el concejal Grezzi les ninguneaba porque se negaba a reunirse con ellos. El hartazgo era tal que 48 asociaciones festivas del distrito (entre fallas, vicentinos, Corpus o la Unidad Musical del Centro Histórico) han decidido unir fuerzas y, por eso se reunieron para hablar del problema que les genera la puesta en marcha de las cámaras de acceso al centro de Valencia. Llevaron incluso el tema al pleno del Consistorio, pero Grezzi no dio marcha atrás: es más, la concejalía se plantea ahora ampliar el sistema a otras calles del entorno, sobre todo al otro lado de Guillem de Castro, en el barrio de Botànic. Un paso atrás, ni para coger impulso.

En este sentido, la portavoz municipal del PP, María José Catalá, asegura que los datos sobre multas y matrículas registradas «ponen en evidencia que el cierre de Ciutat Vella ha sido precipitado y sólo sirve para que el Gobierno de Ribó y PSOE sigan haciendo caja con las multas».

«Las campañas informativas no funcionaron y muchos vecinos no son conscientes de la limitación pues han aumentado las sanciones. Desde el PP pedimos menos multas y que se busquen alternativas al vehículo para la llegada al centro, pues la realidad es que hasta 15 líneas de la EMT han dejado de llegar al corazón de la ciudad con el perjuicio que esto supone para comerciantes y hosteleros», lamenta Catalá. «También pedimos la prolongación de la L-10 del metro hasta el centro histórico, pero sin alternativas no puede seguir esta política de hacer caja a base de multas», explica.

La portavoz popular asegura que lo único que mueve al equipo de Gobierno es «su afán recaudatorio». «Prueba de ello son las multas que han interpuesto por entrar en la zona APR de Ciutat Vella, cuando se debía haber optado por realizar una campaña informativa seria previa para evitar que muchos conductores fueran multados por las cámaras», indica Catalá.

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