El Síndic abre una investigación a Catalá por ocultar retribuciones de la VIU y CEU

La queja presentada por el grupo socialista el pasado 6 de febrero se admite ahora trámite. Con esto, el Síndic le otorga un plazo de un mes al Ayuntamiento para remitir la información necesaria que permita contrastar los hechos por los que se ha presentado la queja. Esta información corresponde, como mínimo, a «Las declaraciones de actividades y de bienes de los representantes locales, así como de los miembros no electos de las juntas de gobierno local, efectuadas en los modelos aprobados por los plenos respectivos, contemplarán, como mínimo, el contenido siguiente: ingresos netos percibidos en el ejercicio anterior a la declaración, con indicación de la procedencia de las rentas».

Según el documento del Síndic, esta queja se admite porque, ni en el caso de Catalá como profesora universitaria, ni el de Gosálbez como abogado, aparecen «ni han hecho públicas ante el Pleno municipal, las remuneraciones obtenidas por estas actividades en este, ni en ningún otro ejercicio precedente». Pese a que en los informes del secretario se afirma que respecto a estas retribuciones «se debe mantener, tal y como exigen las normas aplicables, la condición de marginalidad respecto a la actividad principal tanto en ingresos, como en dedicación laboral», el documento de Greuges informa: «es imposible que el Pleno pueda analizar en el otorgamiento de dicha compatibilidad la condición de marginalidad requerida sin el conocimiento sobre el volumen de las retribuciones percibidas de estas actividades económicas.»

Ahora el Ayuntamiento deberá ofrecer en ese plazo de un mes la información requerida por el Síndic, o de lo contrario si el informe requerido no se emite dentro del plazo concedido, se proseguirá con la investigación y «se considerará que existe falta de colaboración» por parte de las partes implicadas.