El Síndic carga contra Catalá por el reparto de comisiones que deja a concejales del PSPV sin poder intervenir

Fuentes municipales apuntan a que entre 2015 y 2019 había el mismo número de representantes en las comisiones que las de este mandato y que en el pleno se aprobó un texto conforme a la normativa vigente, que da capacidad organizativa en el número de comisiones a constituir desde un mínimo a un máximo. Además han recordado que ayuntamientos como el de Barcelona tienen el mismo número de comisiones que el Consistorio valenciano.

Por otra parte, recordad que el consenso que ahora pide la oposición brilla por su ausencia cuando en la pasada legislatura aprobaron el reglamento en el que se limitaba el número de preguntas o mociones a presentar y que sigue vigente en la actualidad.

La resolución colgada en la página web del Síndic de Greuges indica que la competencia del pleno para fijar discrecionalmente el número de comisiones informativas permanentes y de personas integrantes en las mismas «no es absoluta». «Por una parte, no puede ser arbitraria porque el artículo 9.3 de la Constitución lo prohíbe. Y por otra, el ejercicio de esta potestad discrecional tampoco puede limitar o dificultar en exceso el derecho fundamental de los concejales a la participación en la gestión de los asuntos públicos», comenta la resolución.

«Resulta evidente que cuantas menos comisiones informativas permanentes existan, más se concentran en las mismas la gran cantidad de temas o asuntos distintos respecto de los que tiene que decidir el pleno de una gran población como es Valencia. Si se reduce el número de comisiones y se reduce también el número de personas integrantes de las mismas, las cuales, además, no pueden preguntar ilimitadamente, sino que tienen que respetar un límite de preguntas, el resultado es obvio: es más difícil participar, controlar y fiscalizar los asuntos municipales», indica el documento.

A este respecto, la portavoz del grupo municipal socialista, Sandra Gómez, ha asegurado que la resolución «es un varapalo al caciquismo y la incompetencia de María José Catalá». Los socialistas explicaron en su escrito de denuncia que la reducción impuesta por Catalá «atenta contra el derecho a participar en condiciones de igualdad en los asuntos municipales», cuestión en la que el Síndic les ha dado la razón al advertir que «no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático».

Gómez ha anunciado que este miércoles, cuando se celebra el pleno municipal de diciembre, presentará una moción de urgencia «ante la gravedad de la resolución que tumba la organización del gobierno de María José Catalá desde su constitución y que pone en tela de juicio el resto de decisiones adoptadas como asignar exclusivas a Vox antes de entrar al gobierno o la propia composición de los consejos de administración».

«Catalá debería empezar a rectificar su actitud caciquil con la que se cree que en Valencia puede comportarse como en Torrent y asumir que tiene que dejar de impedir la labor de la oposición si es que no tiene nada que ocultar», ha advertido. En esta línea, ha apuntado que su gestión «autoritaria» y esta «vulneración de derechos» podría ser considerada prevaricación: «Este mandato se le puede hacer muy largo porque no vamos a descartar ninguna vía para que cumpla la ley».

Por su parte, Borja Sanjuán ha expuesto que el siguiente paso será elevar este incumplimiento al Consell Jurídic Consultiu, en caso de que María José Catalá no rectifique. «En caso de que el CJC se pronunciara y tampoco rectificara, podríamos estar ante un caso de prevaricación y entonces seguiríamos la vía judicial», ha advertido el edil quien ha remarcado que, en su opinión, es «un caso de nulidad de derechos y eso es un proceso reforzado por la Constitución que vela especialmente por los derechos ylibertades para construir nuestro sistema democrático y de participación política».

«Con lo que juega Catalá es con derechos que están especialmente protegidos y parece mentira que no lo sepa aunque si lo sabe estaría presuntamente prevaricando», ha advertido el concejal quien ha resaltado que una de las conclusiones del Síndic es que todas las decisiones que se han adoptado en el Ayuntamiento desde su constitución «vulneran los derechos de representación». «Esto puede tener como consecuencias muy graves en el caso de que no rectifique Catalá», ha dicho. El Síndic da un mes de plazo para que acepte su recomendación o, en su defecto, envíe un informe en el que se explique de forma razonada por qué no lo hace.