El Síndic exige a Ribó que rectifique el reglamento 'mordaza' para la oposición

¿Qué dice el reglamento? Está en vigor desde el pasado septiembre y fuentes del grupo popular, impulsor de la denuncia, señalaron que se nota y mucho las «piruetas» que deben hacer para preguntar por las cuestiones que les interesan con las restricciones actuales. Está el caso del límite de cinco preguntas en el pleno por cada concejal en el pleno, además de poner un máximo sobre el número de interrogantes sobre un asunto a uno solo, y además de forma «escueta y estricta», según se indica en la normativa de funcionamiento interno del Ayuntamiento.

También impedir volver a preguntar sobre un mismo asunto hasta que haya transcurrido al menos seis meses, o la supresión de las cinco preguntas adicionales por grupo municipal en el pleno, lo que se remontaba a un acuerdo de 2019 en la junta de portavoces. Cuestiones como esa que llegan a las comisiones.En estos foros se limita a tres el número de preguntas por concejal, a dos las mociones por cada grupo municipal y se prohíbe registrar preguntas o mociones a los ediles que no pertenezcan a la comisión en cuestión. Por último, se suprime la posibilidad en asuntos transversales de preguntar en el pleno a más de una delegación, aunque sean varias las implicadas en el asunto.

En su resolución el Síndic de Greuges recoge que «teniendo en cuenta los principios recogidos en el Reglamento de Gobierno Abierto que resultan de aplicación a todo el ámbito de actuación municipal, se modifique, de forma consensuada con todos los grupos municipales, la regulación actual de las preguntas de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos, con la finalidad de potenciar este procedimiento de control y transparencia y mejorar su funcionamiento práctico».

También alude a que el Ayuntamiento «está obligado a responder por escrito en un plazo no superior a un mes desde la recepción del presente acto. Su respuesta habrá de manifestar, de forma inequívoca, su posicionamiento».

Y dice en sus fundamentos que «las democracias merecen el calificativo de «avanzadas» porque las distintas sensibilidades políticas, a pesar de sus diferencias, son capaces de demostrar a la sociedad que pueden ponerse de acuerdo para avanzar en los temas que son realmente importantes, como, en este caso, consensuar entre todos los grupos municipales una regulación».

Fuentes de la alcaldía replicaron a la denuncia del grupo popular que el reglamento contó con informes favorables de la asesoría jurídica municipal y de la secretaría, aunque señalaron que se enviará una respuesta razonada al Síndic de Greuges. Precisaron que esta manera de funcionamiento «no es exclusiva de Valencia, sino que ocurre lo mismo en otras muchas ciudades».

Por el contrario, la portavoz del grupo popular, María José Catalá, dijo que «pone en evidencia que el reglamento mordaza de Ribó no responde a los principios constitucionales y en la resolución así queda reflejado. Es una nueva cacicada que tiene como único objetivo vetar el trabajo de control de los grupos de la oposición y demuestra una vez más la falta de transparencia del gobierno sectario de la ciudad», al recordar que se «restringe drásticamente a la oposición».