La EMT solicita otro informe para preguntar si envía el fraude al Tribunal de Cuentas

El consejo de administración extraordinario que celebrará hoy la EMT se prevé largo. Entre otros asuntos, se dará cuenta del nuevo informe del abogado contratado para gestionar el fraude respecto a la petición del PSPV de trasladar el suceso al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes y el Banco de España, casi un mes después del informe del anterior letrado de la empresa, Salvador Martínez Tarín, en el que se aseguraba que era mejor no informar de lo que había ocurrido. Llama la atención porque en el consejo de mañana se aprobará trasladar al Tribunal de Cuentas las prejubilaciones parciales, un caso de presuntas irregularidades laborales que el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, se empeñó en llevar a los tribunales. La fiscalía lo archivó en marzo de este año.

El Tribunal de Cuentas investigará las «irregularidades» denunciadas por la EMT llevadas a cabo desde 2001 y hasta que fueron detectadas en el anterior mandato con el fin de «determinar responsabilidades contables», según informó la entidad en un comunicado. Así, explicó que el citado organismo ha adoptado esta decisión a partir de la denuncia que los actuales responsables de la EMT presentaron en diciembre de 2017 ante la Agencia Valenciana Antifraude al considerar que se podrían estar produciendo «irregularidades en la forma de contabilizar las jornadas trabajadas por el personal que se acogía a la jubilación parcial desde 2001».

La compañía pública de autobuses apuntó que el Tribunal de Cuentas basa su petición en el informe de la Agencia Valenciana Antifraude que «apunta que el posible fraude era «perfectamente conocido y articulado por los responsables de recursos humanos y de programación de operaciones de la empresa como práctica habitual y, aparentemente, permitido por la gerencia de EMT-València».

No será la única cuestión que se tratará en el consejo. Se elegirá al nuevo secretario y a la persona que se encargará de la asesoría jurídica de la compañía tras la reciente dimisión del secretario asesor del consejo de administración, Salvador Martínez Tarín, en plena polémica por la vinculación de su bufete con el despacho Abastos Abogados, relacionado con el cuñado del alcalde de Valencia, Joan Ribó, y tras el fraude de cuatro millones de euros detectado en la EMT y bajo investigación judicial.

La asesoría jurídica de la entidad, según explicaron fuentes conocedoras del acuerdo, correrá a cargo de un letrado de dentro de la empresa hasta que se pueda contratar uno externo. El abogado Xavier Melero ha elaborado un informe que previsiblemente avalará enviar al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes y el Banco de España el fraude y, además, se aprobará un cambio en los estatutos de la empresa para que el puesto de secretario del consejo recaiga en un habilitado nacional.