Sólo una de 17 entidades del Ayuntamiento tiene sistemas adecuados contra el fraude

valencia. El consejo de Administración de la empresa Plan Cabanyal sirvió ayer para conocer la auditoría contratada por el Ayuntamiento en mayo de 2020 y cuyo desarrollo se vio afectado por la pandemia. El resultado no puede ser más descorazonador, dado que el documento indica que de las 17 entidades municipales analizadas sólo una dispone de un programa de 'compliance', un sistema para la prevención y gestión de los riesgos penales en cualquier empresa.

El encargo del Ayuntamiento se produjo después del robo sufrido por la EMT en septiembre de 2019, cuando un fraude por la inexistente compra de unos autobuses en China supuso la pérdida de algo más de cuatro millones de euros. El asunto está en el juzgado y en otras instancias, como el Tribunal de Cuentas por ejemplo.

A partir de ahí, la concejalía de Hacienda contrató a una empresa para que revisara los sistemas de gestión, ciberseguridad y hasta éticos de las empresas y entidades municipales. Con arreglo al Código Penal, las sociedades del Ayuntamiento susceptibles de incurrir en responsabilidad penal son Aumsa, Plan Cabanyal, la EMT y Mercavalencia. Aun así, el trabajo se extendió a otras.

Sólo esta última cumple con los criterios de un programa 'compliance' a juicio de los responsables de la empresa contratada. En el resto se indica que hay una grave diferencia «entre la gestión financiera que es administrada por el Ayuntamiento y la que es dirigida directamente por los órganos de control y gestión de las entidades». En el segundo apartado, los expertos señalan que se han notado «grandes discrepancias entre ellas, llegando a veces a procedimientos no documentados y antiguos».

Se citan ejemplos clamorosos de fallos en ciberseguridad como la «inconsistencia en la digitalización de las organizaciones a todos los niveles. Utilización arbitraria de elementos TIC de «empresa» o uso de dispositivos particulares con acceso a datos y archivos de la entidad sin las correspondientes medidas de seguridad, ni los registros».

La portavoz del grupo popular en el Consistorio, María José Catalá, destacó que el informe señala «faltas graves de organización, ausencia de sistemas de seguridad de la información o que la mayoría de entidades no tienen manuales por lo que en caso de incidencia es difícil comprobar si se siguen los procedimientos establecidos».

La edil señaló que la auditoría «confirma otras realizadas en la EMT que coincidía en estas conclusiones. Esta ausencia de protocolos derivó en hechos como el robo de cuatro millones de euros en la empresa de transportes o una estafa de 20.000 euros en el Palacio de Congresos».

A su juicio, el documento «vuelve a constatar la desastrosa gestión de Compromís y el PSPV en las entidades públicas municipales y que ya quedaron reflejadas en diferentes auditorías realizadas en la EMT».

«Dos años después, aún no se han tomado medidas para que no vuelva a pasar, como se recoge en esta auditoría de procedimientos y seguridad», apuntó.

El documento señala «ausencias de sistemas de gestión de la seguridad de la información. Elemento hoy en día indispensable en cualquier organización (siguiendo el principio de proporcionalidad) y necesario, tanto desde el punto de vista de elementos físicos como de la preparación y formación del personal».

Entre las carencias se indica la «ausencia del control de inventario. El sector público, es considerado una falta de organización muy grave. No hablamos del control de los activos en el balance contable, que se reflejan anualmente en las cuentas, sino la custodia de elementos informáticos, herramientas, mobiliario,...».