Sólo un tercio de los pisos de Bloque Portuarios tendrán derecho a realojos

El debate está abierto en el Ayuntamiento para decidir el futuro de Bloque Portuarios, las 168 viviendas situadas en el Cabanyal y donde los socios del gobierno municipal no se ponen de acuerdo en rehabilitar o derribar para construir nuevos edificios. El informe encargado por la empresa Aumsa plantea un escenario para cada una de las alternativas, donde el elemento común es que sólo 65 familias residentes en otros tantos pisos tendrán derecho a realojo durante las obras.

Esto da idea del elevado número de viviendas vacías por su mal estado de conservación o que están ocupadas ilegalmente. Sólo de las segundas hay 52 casos, como indicó este miércoles el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià. Un grupo de familias a las que no se les ha ofrecido ninguna alternativa desde el Consistorio para la llamada solución social. Con la normativa autonómica en la mano, sólo los que puedan demostrar su residencia antes de 2015 tendrán alguna posibilidad de aspirar a un realojo.

Otro de los datos relevantes que aparecen en uno de los informes de Aumsa es la cantidad que recibirían los vecinos por la expropiación de sus viviendas, en el caso de que no quieran participar en un programa de actuación aislada, el instrumento preferido por Desarrollo Urbano. Los técnicos hablan de unos 51.000 euros por cada piso, en base a los antecedentes en la zona y en los propios inmuebles, proporcionados entre otras entidades por la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar.

Sarrià confió en que la reunión de los tres grupos del gobierno tripartito se celebre pronto, entre otras cuestiones por el mal estado de las fincas y por la demora sufrida en la tramitación del Plan del Cabanyal, que no ha salido a exposición al público por este motivo. La previsión de los técnicos es que el derribo y la construcción posterior de las viviendas se prolongue durante al menos dos años y medio.

Por este motivo, se incluye en el estudio una estimación del precio de los alquileres en la zona, con una media de 720 euros mensuales en un piso de características similares. Esta cantidad será abonada por los afectados. El compromiso de Desarrollo Urbano, todavía sin decidir, es ofrecer una alternativa de vivienda en la zona mientras duren las obras, así como ayudas para financiar los nuevos pisos. No obstante, la plataforma vecinal que agrupa a los afectados ha rechazado esta propuesta y se muestra más favorable al informe del servicio de Vivienda, que aboga por unas reparaciones estimadas en 2,3 millones, frente a los 13 millones de la reconstrucción.