El TSJ paraliza la sentencia de la Tabacalera y abre la puerta a un nuevo proceso

El conflicto abierto en el plan urbanístico de la Tabacalera dio este jueves un giro imprevisto de guión que ni el más osado guionista hubiera soñado. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) paralizó la sentencia contraria a la recalificación de dos parcelas en las calles Río Escalona y Tres de Abril de 1979, al admitir a trámite un incidente de nulidad presentado por la Abogacía de la Generalitat.

Mientras que desde la concejalía de Desarrollo Urbano se habló poco después de que el tribunal “tiene que anular” el proceso, fuentes de la institución judicial precisaron que ahora se abre un periodo de cinco días para que las partes presenten sus alegaciones, tras lo que se decidirá.

En todo caso, lo que era inevitable este miércoles para la vicealcaldesa Sandra Gómez, es decir, el pago de 25 millones de euros a la empresa Guadalmedina debido a la anulación de las recalificaciones, ahora se ve como algo más lejano por la duración del proceso y con cierto optimismo por si cambia el sentido de la sentencia.

El incidente de nulidad presentado por la Generalitat señala que se ha “producido un error en la tramitación de la causa, concretamente en la notificación de resoluciones -que en el caso de la Abogacía de la Generalitat sigue un sistema diferente al resto de las partes, incluidas en el sistema Lexnet, desde el 21 de mayo de 2021”, señalaron fuentes del TSJ.

Conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Sala ha dado traslado de dicho incidente al resto de las partes personadas en el procedimiento, con el fin de que puedan presentar por escrito alegaciones en el plazo de cinco días. A partir de ese momento, el tribunal “deberá decidir si declara la nulidad de las actuaciones”, apreciaron.

En caso afirmativo, la Sala tendrá que retrotraer el procedimiento al momento en que se produjo el error para que la Generalitat pueda formular alegaciones, al igual que el resto de las partes, y dictar una nueva sentencia. Ahí es donde el gobierno municipal podría tener otra oportunidad.

Las dos recalificaciones se produjeron para dar cumplimiento a otra sentencia, en este caso del Tribunal Supremo, acerca de la ilegalización del plan de Tabacalera, con el que se habían derribado las naves laterales y la trasera, además de permutar propiedades con Guadalmedina y permitir la construcción de dos edificios de viviendas en la parte de Micer Mascó. Uno no se hizo y este es el motivo actual de discordia.

El actual gobierno municipal trasladó esa edificabilidad a dos parcelas reservadas para dotaciones públicas, un colegio y un jardín. Eso es lo que la sentencia ahora paralizada desestimó tras el recurso presentado por la asociación de vecinos de Penyaroja. Sobre lo ocurrido tras el recurso de la Generalitat, fuentes de la entidad vecinal precisaron que es “falsa” la suspensión de la sentencia, sino que ahora se abre un proceso de alegaciones.

Desde la concejalía de Desarrollo Urbano insistieron en que el TSJ “tiene que anular la sentencia que anulaba la recalificación”, para recordar que la sentencia del Supremo calificó de “operación especulativa” el plan aprobado por el PP.

“Se trataba de una actuación dirigida a evitar el perjuicio económico para los valencianos derivado de tener que pagar más de 20 millones de euros a una constructora por el fiasco de la operación”, comentaron, para explicar que la sentencia actual “ha quedado anulada porque la sala no ha citado a la Conselleria de Territorio, a pesar de ser parte implicada. Por este motivo, la sentencia es nula por indefensión y tendrá que repetirse el proceso judicial”. La vicealcaldesa Sandra Gómez volvió a exigir al Partido Popular que “pida perdón” por lo que calificó “un pelotazo urbanístico que está perjudicando gravemente a los valencianos”.

Por el contrario, la portavoz de los populares en el Consistorio, María José Catalá, replicó que presentarán una moción al pleno de la próxima semana para exigir que se paralice “definitivamente el pelotazo urbanístico que quería realizar el gobierno de Compromís y PSPV en el barrio de Penyaroja. El PP lamenta el error judicial por el que deberá repetirse el proceso judicial que han ganado los vecinos y que espera que siga siendo favorable a ellos el próximo auto”.

Propondrá al pleno “devolver las calificaciones de suelo a las que previa el Plan General” para iniciar los trámites de un centro de salud y un jardín.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, confió en que “la justicia volverá a dar la razón en breve a los vecinos de Penyaroja. Nos mantenemos en denunciar la injusticia que PSPV y Compromís han hecho con los vecinos de este barrio. Estamos en contra de que se quiten zonas verdes y equipamientos educativos a los vecinos de ningún sitio de Valencia, arbitrariamente y de manera dictatorial”.

 

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