De tienda a bajo okupa en Monteolivete

Los vecinos de la zona declaran haber empezado a ver con asiduidad a los ocupantes ilegales del bajo que hasta hace 15 años era el servicio oficial de reparación de electrodomésticos de la firma Indesit desde principios del pasado mes de julio. Es por ello que las distintas fuentes residenciales consultadas apuntan a que la entrada de los okupas se habría producido hace dos meses. Los vecinos aseguran que no se trata de una acción puntual en un barrio «relativamente céntrico y con mucha gente mayor» en el que reina la inseguridad. Muestra de ello es la fuerte presencia de patrullas policiales por sus calles a diario o la instalación masiva de alarmas en las comunidades de vecinos del barrio a lo largo de este pasado verano.

Tras el cierre de la tienda de electrodomésticos, el local podría haberse reconvertido en una asesoría, o esa era la idea a principios de este año. Sin embargo, los nuevos titulares del local decidieron separar el interior del recinto en dos. Esta acción obligó a tener que instalar un nuevo contador de luz y agua. El requerimiento provocó los recelos de la nueva propiedad hasta tal punto que el proyecto cayó en saco roto. Así pues, después de tres lustros de cierre y falta de actividad llegó la familia okupa que desde julio reside en una de las partes del local. De hecho, según advierten algunos vecinos, el núcleo familiar comparte la otra mitad de la estancia con hasta tres varones que también residen en el bajo, aunque de manera esporádica.

El viernes de la semana pasada la Policía Local tuvo que acudir al lugar porque los okupas estaban descargando bloques de hormigón de una furgoneta para introducirlos en el interior sin motivo aparente. Por otro lado, el pasado domingo el Cuerpo Nacional también hizo acto de presencia con motivo de un altercado entre ocupantes y residentes. Algunos vecinos se muestran «impotentes» ante actitudes que «degeneran el barrio» como el hecho de que los ocupantes ilegales sacan tendederos de ropa en plena acera, ocupando espacio público.

«No se puede vivir con el miedo de que te ocupen la vivienda y no la puedas recuperar», comentan los vecinos que claman por que haya «derechos para todos», en referencia a que muchos «pagan sus impuestos correspondientes». Según algunos de ellos, el propietario estaría al corriente de la usurpación y habría interpuesto la denuncia de inmediato tras haberse enterado de lo sucedido. A pesar de todo, se muestran pesimistas por la configuración de las leyes: «El Gobierno actúa al revés, benefician a los delincuentes que encima se las saben todas».

La Comunitat encabezó la cantidad de demandas interpuestas con motivo de la ocupación ilegal de viviendas a nivel nacional en el arranque de este año. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos al primer trimestre de este ejercicio, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este 2024 se interpusieron un total de 127 denuncias por allanamiento de morada o usurpación de viviendas entre las tres provincias de la Comunitat. La región superó a otras regiones que históricamente lideran la clasificación de este fenómeno como son Cataluña y Andalucía.