Tiran documentos judiciales junto a los contenedores de la Ciudad de la Justicia

El reloj marca las 8.17 horas del miércoles. Una mujer cruza la calle Antonio Sacramento para arrojar una bolsa con basura al contenedor. Los aledaños de la Ciudad de la Justicia de Valencia son un hervidero de funcionarios, abogados y vecinos que caminan en diferentes direcciones. Muchos de ellos salen de los bares para tomar el primer café de la mañana. María pisa la palanca del contenedor, pero una bolsa negra llena de papeles le impide accionar el mecanismo de apertura. Son documentos mezclados con vasos de plástico, recipientes de cartón, sobres y otros desechos que acaban en las papeleras de los juzgados.

Alguien ha dejado una decena de bolsas fuera de los dos contenedores. María fotografía con su móvil la basura y continúa su camino. Llega tarde al gimnasio. Varios viandantes pasan junto a los depósitos de residuos y observan también los papeles, algunos de ellos esparcidos por el suelo con el nombre perfectamente legible del juzgado remitente. LAS PROVINCIAS fue testigo ayer por la mañana de esta vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal tras tener acceso a parte de los documentos abandonados en plena calle.

Las bolsas negras contenían copias de sentencias por amenazas y otros delitos leves, escritos de recursos de apelación, cédulas de notificación, solicitudes de cambios de abogado, diligencias de ejecución y otros documentos de dos juzgados, al menos, con instalaciones en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Algunos de los papeles fueron troceados antes de meterlos en las bolsas, pero otros estaban indemnes o simplemente arrugados y corresponden a juicios celebrados esta misma semana.

En la mayoría de la documentación impresa eran legibles nombres y apellidos, números de teléfono, direcciones postales, correos electrónicos de individuos denunciados, condenados, absueltos o investigados. También había datos personales de denunciantes y sus abogados. Las bolsas permanecieron cerca de una hora en la acera, junto a los contenedores de la calle Antonio Sacramento, hasta que llegaron los empleados de la empresa que se encarga de recoger la basura.

Tras meter las residuos de papel en los depósitos, un trabajador comunicó la incidencia a un inspector del Ayuntamiento de Valencia, ya que no era la primera vez que dejaban fuera de los contenedores bolsas de basura procedente de las papeleras de los juzgados. «Esto ha ocurrido ya varios días y hemos recibido quejas vecinales», afirmó un empleado de la empresa que recoge los residuos.

Según informaron fuentes de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, la gerencia de la Ciudad de la Justicia de Valencia fue informada ayer de este incidente tras la inspección municipal. Después de confirmar que las bolsas procedían de las papeleras de las instalaciones judiciales, está previsto que hoy se celebre una reunión entre los responsables de la empresa que se encarga de la limpieza de los juzgados y la que gestiona la recogida de la basura. El objeto de la misma es que no se vuelvan a repetir los hechos.

La destrucción de la documentación impresa que genera un juzgado tiene una labor previa que si no se realiza de forma correcta puede incurrir en un incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que conlleva sanciones de entre 600 euros por la infracción más leve hasta 600.000 euros por la más grave, por lo que no se pueden tirar los documentos a la basura o romperlos en varios trozos. Así, para garantizar la destrucción de datos de carácter personal y evitar una sanción económica, los organismos oficiales subcontratan a empresas especializadas que recogen el papel para su inmediata trituración.

Las mismas fuentes de la Conselleria de Justicia precisaron que cada juzgado dispone de un contenedor para depositar los documentos de papel que posteriormente son recogidos para su destrucción por una empresa especializada. Así, los funcionarios no deben arrojar a la papelera información impresa de procedimientos que contenga datos personales. En junio de 2009, la Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación a un juzgado de Alzira tras encontrar expedientes policiales y documentos de menores en la calle.

Algunas instalaciones judiciales sufren problemas de espacio, porque los expedientes se cuentan por miles tras una acumulación rutinaria. Y por ello se realiza un expurgo, un proceso que consiste en la destrucción de los documentos que ya no tienen interés, como escritos de diligencias previas, juicios de faltas, ejecutorias de sumarios y actos de resolución civil. No obstante, no se trata de una eliminación del papel sin más, ya que es necesario mantener una serie de criterios que sigue la Junta de Expurgo. Cuando el material seleccionado para su destrucción tiene un valor histórico documental y puede resultar útil para los investigadores, una muestra se traslada entonces al Archivo Histórico Provincial de Valencia.