La Torre resurge tras la dana y años de bloqueo con 1.200 viviendas de VPO

Esta actuación surge motivada por los cambios introducidos en el decreto del Consell de Vivienda Protegida de la Comunitat Valenciana, en vigor desde el pasdo mes de septiembre. La nueva normativa ha aumentado el precio del metro cuadrado útil de 2.200 euros a 2.400, lo que permite a los constructores hacer frente al incremento de los costes de construcción derivados del encarecimiento de las materias primas y la escasez de mano de obra. Además, el decreto establece un sistema variable, que adaptará el precio en aquellas zonas con más desequilibrio entre oferta y demanda en función del coste de la construcción y el de vivienda libre.

Precisamente, La Torre se había convertido también en uno de los recursos de la vicepresidencia y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda para realojar a las familias damnificadas por la dana, con 214 viviendas públicas, entre las que se encuentran las del edificio conocido por todos como Sociópolis, donde hay 184 inmuebles. La situación de emergencia obligó al departamento que dirige Susana Camarero a cambiar sus planes de adjudicación para alquiler asequible, como ocurrió en el caso del Ayuntamiento de Valencia, que tuvo que paralizar unos meses la entrega de pisos de alquiler asequible de la finca que adquirió por tanteo, con 133 pisos, para destinarlos hasta octubre a las personas afectadas por el incendio de un edificio de Campanar, el pasado febrero.

El papel de la Generalitat en este proyecto de 1.200 inmuebles de protección pública en el barrio de La Torre es el de conceder la calificación de las viviendas. En primer lugar, los promotores solicitan una calificación provisional para iniciar la tramitación para, posteriormente, cuando se cierre el proceso administrativo, conceder la calificación definitiva.

La licencia de obra está solicitada y desde la Generalitat explican a LAS PROVINCIAS que los edificios se construyen, en este caso, sobre suelo privado. Cabe recordar que las viviendas de VPP que se levanten sobre suelo privado tienen plazos de liberalización como vivienda protegida diferentes a si se trata de suelo público. En concreto, el decreto sitúa un plazo máximo de 30 años para descalificar la vivienda protegida construida en suelo reservado para vivienda protegida, 20 años máximo para la vivienda protegida construida sobre suelo reservado a vivienda de renta libre y un máximo de 15 años para la vivienda reservada a menores de 35 años.

Otra de las cuestiones más destacadas del decreto de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana es que el promotor debe reservar el 40% de los inmuebles de menos de 60 metros cuadrados a jóvenes con menos de 35 años. Si a los seis meses no se venden, ya no es necesario reservar este porcentaje para los que tengan menos de esa edad.

Esta actuación inmobiliaria en La Torre llega en un momento de especial necesidad en términos de vivienda, debido a la escasa oferta existente de inmuebles a un precio asequible, pero también en términos de vitalidad económica y anímica para sus vecinos. Y es que La Torre ha sido la pedanía más afectada por la barrancada del 29 de octubre. El alcalde pedáneo de la localidad, Rafael Arnal, ya avanzó el pasado mes de enero que «la mayoría de negocios de La Torre no va a poder reabrir». Se trata de una cruda realidad que también se repite en otras pedanías y localidades de la zona cero.

Por ello, un incremento de los habitantes, a través de la construcción de estas viviendas, aspira a ser un balón de oxígeno para la zona, que también contará con el antiguo edificio de Sociópolis, que consta de una torre de 20 pisos y una segunda de 14 pisos unidas por un zócalo de cuatro alturas. Aunque en un principio se iban a destinar a VPP, finalmente serán viviendas sociales en régimen de alquiler asequible. En este último caso, tenido que pasar 20 años y sucesivos gobiernos autonómicos de diferente color para que Sociópolis vea la luz después de que se paralizaran las obras con en 2011 tras la declaración de concurso de acreedores de una de las empresas de la UTE. Tras once años de parálisis, perdió el calificativo de ser el primer edificio construido en la zona, puesto que le adelantaron otras edificaciones.

Revulsivo para el sector

En el primer mes desde que el decreto entró en vigor, la administración valenciana recibió 400 solicitudes de calificaciones de vivienda, lo que da buena cuenta del revulsivo que ha supuesto la norma para el sector promotor. En los últimos años, la construcción de vivienda protegida brilló por su ausencia. Esas 400 solicitudes durante el primer mes del decreto suponen casi el doble de los solicitado en todo el primer semestre de 2024 y sólo 100 menos que en todo el año 2023.