Los trabajadores de La Marina piden a la Generalitat que asuma sus puestos

La realidad ahora mismo de los empleados del viejo Consorcio es la siguiente. Hay 13 trabajadores, los que corresponden a marinería y servicios de mantenimiento como jardinería, seguridad y limpieza que van a ser asumidos por la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), como aprobó recientemente en el último consejo de administración. La APV representaba al 40% del Consorcio Valencia 2007, que se creó en su momento para gestionar todos los eventos relacionados con la Copa América.

La otra mitad de la plantilla, otros 13 trabajadores, se han quedado en un limbo laboral porque nadie quiere asumir su futuro. El Ayuntamiento de Valencia, que es el que ha cargado con el peso de la negociación en la figura de Marí Olano, ha mostrado en todo momento su preocupación por el futuro laboral de estas personas, algunas de las cuales llevan veinte años en su puesto de trabajo. El Ayuntamiento representaba el 20% del Consorcio, mientras que la Generalitat ostentaba el 40%.

Y aquí está la clave de todo el problema que se avecina y la posible solución. Los empleados consideran que la Generalitat, que no ha dado por ahora señales de vida en la resolución del problema, podría asumir a estos trabajadores que se ven abocados al despido si no hay ninguna solución. Los afectados consideran que si el presidente del Consell, Carlos Mazón, se ha marcado como objetivo recuperar la Copa América, resulta curioso que se quiera prescindir a los únicos trabajadores que han vivido de cerca esta competición. Los empleados creen que de la misma manera que la Generalitat ha asumido a miles de empleados con las reversiones de hospitales como el de Manises y Alzira y las plantillas de las estaciones de las ITV, también se puede mantener el empleo de los 13 trabajadores del área administrativa de La Marina de Valencia.

La solución pasaría por crear un nuevo ente con personalidad jurídica, aunque es una posibilidad que por ahora descarta el Ayuntamiento de Valencia. El concejal Marí Olano, que estuvo presenta en la reunión y atendió todas las preguntas que se le formularon, siempre ha defendido que una posible solución para los trabajadores de La Marina se debe ceñir a la legalidad.

El despido colectivo de los empleados se basa en un informe de la Abogacía General del Estado que concluyó que la fórmula de liquidación del Consorcio que eligieron los gobiernos de Ximo Puig y Joan Ribó impedía el rescate de los trabajadores de la entidad. El informe determinaba el despido de todos los trabajadores, aunque en este caso sí que se ha podido recuperar al personal de marinería y servicios.

La liquidación ordinaria, que es la que se aplicó, conllevaba la extinción y pérdida de personalidad jurídica del Consorcio por el cese absoluto de su actividad. La extraordinaria, en cambio, sí que abría la posibilidad a la sucesión de empresas y poder transferir en este caso a los trabajadores.

Si el anterior Consell y gobierno del Ayuntamiento de Valencia hubieran optado por la fórmula extraordinaria, los 13 empleados del Consorcio que no van a ser subrogados tendrían una posible salida laboral.