Tres ayuntamientos andaluces se unen a la alcaldesa de Valencia para exigir al Gobierno la paralización del cupo catalán

María José Catalá mostró sus intenciones de liderar una alianza entre ayuntamientos de toda España para llevar al Tribunal Constitucional el cupo catalán si el Gobierno de Pedro Sánchez no recula en sus concesiones a Cataluña. La primera edil valenciana demostró así sus ganas de reunir a ciudades de todo el país y unir fuerzas por una financiación justa, durante su visita a Madrid el pasado 2 de octubre. La alcaldesa dijo que no se quedaría quieta, y parece que no lo ha hecho. Tan sólo dos semanas después de su paso por la capital de España, Catalá reúne para sus filas a estas tres ciudades andaluzas, que junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya son cinco los ayuntamientos que piden a Pedro Sánchez que recule en sus acuerdos con Cataluña.

«No se trata de ir contra nadie, sino de defender una financiación adecuada para todos los municipios, ya que el cupo catalán supondrá la ruptura de la caja común de la solidaridad territorial y los municipios perderán recursos económicos», ha argumentado Catalá, quien ha insistido, «Debemos parar el cupo catalán. Iremos donde haga falta porque los municipios nos vamos a quedar con las migajas de la financiación. Es un despropósito y un ataque al municipalismo».

El cupo catalán es la gota que ha colmado el vaso de unos municipios que tratan de unir fuerzas para evitar lo que ellos consideran como un ninguneo a los ayuntamientos. De ahí la celebración de esta reunión. El objetivo común -además de el frenazo inmediato a los acuerdos con Cataluña-, es la reclamación al Gobierno central para que aborde «de una vez por todas la reforma del sistema de la financiación local, porque los municipios somos la primera puerta a la que llaman los vecinos, y necesitamos recursos suficientes para atenderlos». Además, los ayuntamientos también se han referido a la financiación autonómica, la cual «debe reformarse a la vez que la local».

A este respecto, los primeros ediles han defendido que la primera medida que se debe adoptar es «una modificación de la Ley de las Haciendas Locales, para que la financiación local se calcule sobre los ingresos brutos de la recaudación del Estado». Los ediles han asegurado que si esto no se produce, la financiación local se vería mermada por las «concesiones a los independentistas».

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, ha subrayado la importancia de defender la calidad de vida de las ciudades y la prestación de los servicios públicos para los vecinos. «Nos preocupa profundamente el asunto del cupo catalán porque supone un problema añadido a la dificultad que tenemos los ayuntamientos a la hora de prestar los servicios en igualdad de condiciones que el resto de ayuntamientos de todo el país. Defendemos la igualdad entre vecinos y entre territorios», ha afirmado.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha manifestado «la necesidad de tener una financiación digna, la que merecen nuestros vecinos y vecinas, para estar en igualdad de condiciones que las comunidades autónomas», y ha asegurado que «los ayuntamientos y los vecinos no pueden ser los que paguen ese cupo catalán que saca de la caja única lo que es de todos».

Finalmente, el alcalde de Jaén, Agustín González, ha expuesto que «la calidad de vida de la ciudadanía pasa por una financiación justa, y que ha de ser equiparable para todos los ciudadanos. No puede haber ciudadanos de primera y de segunda». Por eso ha asegurado que «el cupo catalán perjudica a todos los españoles», y ha señalado que «ningún español es mayor o menor por nacer en algún sitio u otro.