Uno de cada tres contratos menores aprobados por Ribó tienen reparos legales

valencia. La mitad de contratos menores firmados por el Ayuntamiento en 2019 tenían incumplimientos legales o defectos formales. Así lo desvela el informe de Intervención General del Ayuntamiento sobre el control financiero del gasto de ese ejercicio. Además, señala que el Consistorio pagó 17,45 millones por medio de esta forma de contratación. La intervención realizó un estudio sobre un muestreo de los 3.791 contratos menores firmados por el gobierno municipal en 2019, con un importe de adjudicación total de 17,6 millones de euros, y concluye que el 36% de los contratos incurre en algún incumplimiento y un 15% adolece de algún defecto formal.

La cuantía que el Ayuntamiento pagó a través de contratos menores que incumplen la totalidad de requisitos que marca la normativa sobre contratación pública alcanza los 9,4 millones de euros, el 51,6% del montante total. De las conclusiones del informe de control financiero sobre el estudio realizado se desprende que las principales irregularidades en los contratos menores han sido la omisión de la publicidad requerida por la Ley de Contratos del Sector Público y la aprobación de gastos a través de expedientes de contratos menores que por su naturaleza no debieron tramitarse como tales, eludiendo la fiscalización previa.

Al respecto, la portavoz del grupo municipal popular, María José Catalá, criticó que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, y sus socios de gobierno del PSPV «eliminaron el control fiscal previo que implicaba que antes de aprobarse la contratación del servicio tenía que existir un informe favorable de la Intervención General». Catalá denunció que lo que tildó de «abuso» de los contratos menores, «con adjudicaciones a dedo sin un procedimiento abierto para contratar gastos previsibles que se repiten todos los años, es una constante en la gestión de Ribó y los socialistas».

El Consistorio ha adjudicado a dedo desde 2015 contratos por valor de 57,5 millones de euros mientras en el segundo trimestre de 2020 repartió 1,5 millones. En varias ocasiones los interventores han avisado sobre el uso de la contratación menor y el Tribunal de Cuentas ya alertó en su informe de fiscalización de 2016, cuando ya gobernaba Ribó, sobre el uso abusivo que hacía Valencia de esa figura con un 96,8 % del total de contrataciones. La EMT, por su parte, también se ha llevado críticas por los contratos menores, como en el caso del de la plaza del Ayuntamiento.