Uno de cada tres pagos en el Palacio de Congresos se hacen sin comprobar de quién es la cuenta en la que se ingresa el dinero

El documento, que hace referencia al ejercicio de 2023, desvela que en un caso «el número de cuenta bancaria al que se ha efectuado el pago no es coincidente con el que figura en el correspondiente certificado de titularidad bancaria, situaciones que reflejan que no se ha tenido en cuenta los dispuesto en el acuerdo del Pleno de fecha 29 de abril de 2021, por el cual se aprueban las instrucciones que, en el marco del PPAH, han de regular el circuito de compras y pagos».

Respecto del fraude, la auditoría explica que se continúan realizando «las indagaciones y actuaciones pertinentes con el objetivo de restituir la totalidad del importe defraudado». El concejal del PSPV Javier Mateo ha tildado la situación de «alarmante» porque están todavía a la espera «de que convoquen el Consejo de Administración para informarnos sobre las acciones legales que van a tomar tras la estafa de la que fue víctima el Palacio». »Estas acciones todavía no están claras cuatro meses después de comunicarse la estafa y medio año después de que se cometiera el delito».

Además, la auditoría revela que respecto al control de la caja «no se utiliza un sistema de anticipos de caja fija en el que sólo se pueda disponer periódicamente de una cuantía, dentro de un límite de carácter permanente». No existe, por tanto, un régimen de reposiciones de fondos, habiéndose observado que en el ejercicio se han producido reposiciones por importes diferentes sin ningún criterio establecido. «Por otra parte, no se rinden cuentas, por parte del responsable encargado de la llevanza de la caja, a la persona competente para aprobar los gastos, por lo que no se está produciendo la debida aprobación del gasto», explica la auditoría.

El documento también pone en negro sobre blanco algún descontrol en lo referente a las tarjetas bancarias, que hacen «determinados pagos». Cuatreo de estas tarjetas están asignadas a personal del área comercial y una al director del área de administración financiera. El uso de estas tarjetas se limita, en el primer caso, al pago de gastos por desplazamiento y manutención, y, en el segundo, al pago de compras por internet. «Respecto a las disposiciones, se ha verificado que se efectúan por los titulares de las tarjetas, sin que con posterioridad se realice una aprobación por parte del órgano competente para autorizar los gastos», explica la auditoría.

Además, Mateo ha afirmado que el informe de auditorías realizadas a los organismos autónomos y empresas públicas revela que María José Catalá abusa de los contratos menores y las adjudicación de contratos saltándose la legalidad. Mateo ha explicado que entidades como la Fundación València Activa, Las Naves o Visit Valencia revelan «un auténtico descontrol en la gestión de los contratos menores por parte del Gobierno de María José Catalá». «Hemos detectado casos en los que no queda acreditada la utilización de este tipo de contratos, mientras que en otras se supera el límite de 15.000 euros llegando a ser contratos menores de hasta 120.000 euros», ha citado a modo de ejemplo en Las Naves.

En esta línea, ha denunciado que también «se utiliza este tipo de contrato de manera recurrente para asignar a dedo en lugar de hacer una licitación pública y que pueda presentarse cualquier entidad». «Además del uso fraudulento de este tipo de contrataciones se suma un absoluta falta de transparencia por parte de Catalá», ha asegurado. Por ese motivo, el concejal ha adelantado que su formación se «reserva emprender las acciones legales pertinentes para que el dinero público sea utilizado de manera adecuada».

Por su parte, el Palacio de Congresos indicó en un comunicado que en 2023 el Palacio gestionó un total de 25 contratos nuevos. De estos, 12 correspondían a proveedores ya conocidos que cuentan con certificados de titularidad bancaria en nuestros archivos actualizados, cumpliendo así con el protocolo aprobado en Consejo el 15 de febrero de 2021. Para los 13 proveedores restantes, nuevos adjudicatarios, se solicitó y se recibió el correspondiente certificado de titularidad bancaria, tal como establece dicho protocolo.

En cuanto al «caso puntual mencionado» en la denuncia del grupo socialista, se indica que el pago referido en la auditoría corresponde a ACERTA, proveedor que, en 2020, aportó un certificado bancario vinculado a una cuenta en Banco Sabadell.

En enero de 2023, y tras una solicitud expresa del proveedor, el pago se efectuó a una cuenta del Banco Santander, que coincidía con la cuenta bancaria utilizada para la garantía definitiva de uno de los contratos gestionados en 2022, comentan las mismas fuentes.

«El procedimiento seguido incluyó una verificación personal y directa con el interlocutor habitual del proveedor, respetando los protocolos internos de seguridad establecidos», apuntan.

El Palacio, destacan, cuenta con la documentación que respalda cada uno de los puntos anteriores, incluyendo los certificados bancarios, el protocolo aprobado en Consejo y los extractos bancarios que verifican la cuenta del proveedor.

«En conclusión, el Palacio de Congresos de Valencia ha actuado en todo momento conforme a los procedimientos internos aprobados por su Consejo, garantizando la transparencia y el control en la gestión de pagos a proveedores», aseguran. «Cualquier información que pueda poner en cuestión este proceso será rebatida con la documentación y pruebas disponibles, que acreditan el cumplimiento riguroso de los protocolos establecidos», finalizan.