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El Tribunal de Cuentas pidió ayer a la directiva despedida de la EMT, Celia Zafra, 4,2 millones de euros en concepto de fianza por la cantidad defraudada más intereses tras el robo sufrido por la empresa en septiembre de 2019. Pese a las resoluciones de la Sindicatura de Comptes y de la comisión de investigación del fraude que insisten en la falta de control de la entidad y a que un juzgado de lo social de Valencia ha tildado a Zafra de una víctima más y ordenado su readmisión en la sede de Correo Viejo, el Tribunal de Cuentas la considera «presunta responsable» y le exige una fianza del dinero defraudado. La extrabajadora recurirá el auto de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas elaborado a raíz de una denuncia de la propia EMT.
«Es un día muy importante», dijo el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, quien destacó que Zafra tiene «responsabilidad contable». La directiva tiene diez días hábiles para depositar la fianza o le serán embargadas sus bienes. «El tribunal la considera culpable por saltarse todos los procedimientos que sí tenían en la EMT», dijo Grezzi, que insistió en que el organigrama de la empresa «sí hacía una clara división de funciones y responsabilidades». «Esto confirma lo que hemos dicho desde el primer momento», ha señalado el también concejal de Movilidad.
Grezzi destacó que ellos modificaron la denuncia presentada por la oposición, «que se ha dedicado durante 18 meses a atacarnos y atacar a la empresa». «Ahora el Tribunal de Cuentas nos da la razón y pone nueva luz sobre el despido de la trabajadora, teníamos razón en lo que decíamos», comentó Grezzi, que insistió en que la sentencia confirma «punto por punto toda la información que hemos trasladado de forma totalmente transparente». Este diario solicitó en varias ocasiones la sentencia a la que hizo referencia el concejal pero desde la EMT no quisieron facilitarla. El presidente de la empresa aprovechó para defender al exgerente, Josep Enric Garcia Alemany, que él mismo despidió: «Alguien se tendría que disculpar con él».
«Hemos sido víctimas de una campaña continua de desprestigio por parte de responsables políticos», dijo Grezzi. «La EMT ha estado gestionada de una forma excelente, lo que nos ha hecho ser una de las empresas más respetadas en Valencia», aseguró el concejal, que también destacó, tirando de ironía, que tras el robo en el Palacio de Congresos, «ni su gerente ni el compañero concejal han sido víctimas de esta campaña de desprestigio».
Preguntado por el informe de la Sindicatura de Comptes, muy crítico con el control de ingresos y gastos durante 2019, el concejal evitó hasta en tres ocasiones valorarlo. «Tengo el máximo respeto por la Sindicatura de Comptes pero lo importante es lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas», señaló, que no quiso explicar cómo ambas entidades tienen conclusiones distintas sobre el funcionamiento de la empresa.
El concejal aprovechó para cargar contra la oposición. «Defenderé a las personas que han sido atacadas por todo el mundo sin atender a la información que hemos dado desde el día 27 de septiembre. Todo el mundo tenía la documentación y los procedimientos. Tenemos que dar las gracias a Josep Enric Garcia y se merece una disculpa por parte de quienes han generado una cacería contra su persona, con una gran capacidad de gestión. Lo que se está diciendo estos meses ha falseado la realidad», señaló.
La empresa ha denunciado el robo en Hong Kong para intentar recuperar el dinero. Los tribunales condenaron a dos ciudadanos chinos pero están desaparecidos. La empresa se ha gastado más de 80.000 euros en bufetes de abogados tanto en Hong Kong como en España.
El abogado de la directiva despedida, Rafa Guía, explicó ayer a preguntas de LAS PROVINCIAS que la situación no es tal como la anunció el concejal Grezzi, que en rueda de prensa habló de «sentencia» y posteriormente se supo que lo que había era una providencia. «El Tribunal de Cuentas la considera presunta responsable, pero para que la EMT cobre el dinero tiene que demandar a Celia ante el mismo tribunal y demostrar todo lo que dice», indicó el letrado, que señaló que el procedimiento es «al revés» de la justicia ordinaria. «Primero se determina el culpable y luego hay que demostrarlo», comentó. Además, ha señalado que aunque se embarguen los bienes, «la EMT no cobraría, ni la trabajadora perdería sus propiedades, hasta que terminara todo el procedimiento», dijo.
Cabe recordar que Zafra está inmersa en tres procesos judiciales. El primero de ellos es en el Tribunal de Cuentas, que ha de dirimir su responsabilidad contable, si la hubiera. Parece que la jueza instructora piensa que sí la hay y por eso ha decretado el depósito de la fianza. El segundo es el laboral. Un juzgado de Valencia ordenó su readmisión en la EMT al considerarla una víctima más del fraude, pero la empresa ha recurrido porque no quiere pagar indemnización ni contratarla de nuevo. El tercero es el penal, que se sigue en el juzgado de instrucción número 18 de Valencia. Está parado desde que el pasado mes declararan la exjefa de Gestión, María Rayón, y el mismo exgerente, Garcia Alemany. Nada se sabe de más procedimientos.
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