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UGT del País Valencià recurrirá la adjudicación por parte de la EMT de la vigilancia del aparcamiento Centre Històric-Mercat Central al considerar que la empresa encargada del contrato ofrece peores condiciones laborales a sus trabajadores al tener convenio de empresa provincial, que es menos garantista que el nacional, según explican desde el sindicato. «Entendemos que la EMT de Valencia, como empresa pública, debería estar sometida a los criterios de contratación establecidos para dicha contratación y no entendemos esta postura«, lamentan.
UGT recuerda, asimismo, que durante el proceso de adjudicación ya comunicó a la EMT «irregularidades aparecidas en los pliegos de adjudicación«. »Por ejemplo, el hecho de que ponderaran como criterio de adjudicación, en su pliego administrativo inicial, un 75% al valor del precio ofrecido por las empresas que concursaban; cuando la ley 9/2017 establece, que en los servicios de seguridad privada, no se puede otorgar al precio más de un 49% del valor de ponderación en el acuerdo de Adjudicación, estando el otro 51% dedicado a otros factores de calidad«, señalan las mismas fuentes.
Tras dicha comunicación, la EMT reconoció un error administrativo y publicó una nueva adjudicación, donde se modificaba la ponderación del precio al 49% para los tres lotes del servicio que salían a licitación: seguridad, limpieza y servicios auxiliares. El resultado de la adjudicación, pese a esta modificación, mantuvo en todos los lotes a las mismas empresas adjudicatarias, tal como explican desde UGT.
Por otra parte, en la información del expediente, la EMT, revela únicamente, que han participado varias empresas, sin hacer público cuales, ni las causas por las que la adjudicación fue a una y no a las otras.« Desde UGT entendemos que esto es una falta de transparencia que una administración pública, que debe mostrar el mayor respeto con los ciudadanos, no debería tener«, critican.
La adjudicación señala que la empresa elegida «es la que mejor se ajusta a los criterios de EMT», sin explicar cuáles son los mismos ni hacer valer los motivos. »Por lo tanto, entendemos que ha vuelto a evadirse la Ley 9/2017, en su artículo 151, que dice: 'La notificación y publicidad que debe hacerse de la adjudicación, debe contener la información necesaria, que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicación interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación'«, dice UGT.
Desde UGT, entienden que la Administración tiene un papel principal que jugar en el terreno laboral. «Entendemos que el parlamento y el Gobierno hablaron claro en la aprobación y la publicación de la Ley 9/2017. No debe consentirse que la voluntad de un Parlamento, sea ninguneada por la voluntad de unos tecnócratas, y que la acción de un Gobierno en la defensa de una ley sea ensuciada por prácticas caciquiles, que hace años debieron ser olvidadas», lamentan desde el sindicato.
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