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El servicio de Centro Histórico de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia emitió en enero de este año un demoledor informe contra la intención de la concejalía de Movilidad Sostenible de instalar un intercambiador para la EMT en la Porta de la Mar. El servicio informó desfavorablemente sobre la parada y consideró «ilegales» los actos de intervención en la zona protegida en torno al Palacio de la Justicia que se realicen sin el informe preceptivo de la Conselleria de Cultura.
La historia es compleja y se remonta hasta finales del pasado año. En el marco de las gestiones que la concejalía que dirige Giuseppe Grezzi estaba haciendo para la construcción del anillo ciclista de la ronda interior, pidió un informe al Servicio de Centro Histórico sobre el intercambiador de Porta de la Mar, una pieza clave en la reordenación de la red de la EMT anunciada en marzo de 2016 para ese otoño pero que ahora se pondrá en marcha en el primer trimestre de 2018. La Junta de Gobierno Local del pasado día 10 aprobó el proyecto de obras consistente en la adecuación de calzadas y aceras par ala instalación de nuevos intercambiadores, ampliación de dársenas, reversión de carriles y paradas de autobuses de la EMT en la calle navarro Reverter, plaza de Porta de la Mar, plaza América y calle Palacio de Justicia. El presupuesto para estos trabajos es de 443.593,68 euros. Sin embargo, el tripartito lo hizo sabiendo que sobre el proyecto pesaba un dictamen de la Comisión de Patrimonio del mes de mayo en el que se señalaba que el plano que Cultura autorizó cuando permitió las obras del anillo ciclista «es distinto en cuanto a largo de marquesina y ancho de aceras, por lo que se devuelve al Servicio gestor para recabar la pertinente autorización de la Conselleria de Cultura, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.4.2. del Plan Especial de Protección de los entornos BIC del centro histórico de Valencia (PEP-EBIC 08)».
Además, también contaba con un informe «desfavorable» del servicio de Urbanismo, que alertaba de la ilegalidad de cualquier actuación en la calle sin el informe preceptivo de la Conselleria de Cultura. Sabiendo todo esto, el grupo municipal popular ha presentado ante la Junta de Gobierno Local un recurso de reposición al entender que el acuerdo es «nulo de pleno derecho» al infringir la normativa patrimonial del PEP-EBIC 08 y la contenida en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, en su artículo 35. El concejal del grupo municipal popular Alberto Mendoza calificó de «extrema gravedad» aprobar un proyecto «de esta envergadura e imporancia con un informe técnico y un dictamen de la Comisión de Patrimonio Municipal que advierte del incumplimiento de la normativa patrimonial, lo que demuestra el nulo respeto del tripartito por la preservación y conservación del patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad». Mendoza también recordó los problemas con la marquesina de Tetuán.
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