Urbanismo paraliza mil apartamentos turísticos tramitados antes de la moratoria en Valencia

Ahora, con el problema heredado entre manos, y después de dar un primer paso para frenarlo con una moratoria, el Ayuntamiento de Valencia ha adoptado una segunda medida: paralizar solicitudes que estaban en trámite. Si la moratoria se aprobó en mayo, se ha aplicado la retroactividad de la moratoria hasta los dos meses previos, marzo y abril.

Y es que el gobierno Catalá, a través de la concejalía de Urbanismo, ha logrado detener las solicitudes de licencias de más de mil apartamentos turísticos pedidas meses antes de la suspensión de licencias aprobada por el pleno a propuesta de la alcaldesa.

Para frenar este crecimiento, han aplicado la medida con carácter retroactivo y esto, según el gobierno municipal, ha impedido que siga creciendo el número de apartamentos turísticos.

Y esto también va unido al desbloqueo de las licencias para construir hoteles que llevaban algunos de ellos más de una década bloqueados por el anterior gobierno.

La proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015 con la llegada al gobierno municipal de Ribó y PSOE, desde entonces y hasta 2023 se inscribieron más de 4.500 apartamentos. Además, con la peculiaridad, «que este mismo gobierno de izquierdas en el año 2018 aprobó un cambio en el planeamiento urbanístico para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, hasta la fecha estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad», según indican desde el gobierno de Catalá.

Ha sido este año cuando el nuevo gobierno municipal del PP y Vox el que ha paralizado las licencias de apartamentos turísticos en la ciudad y ha comenzado un plan de inspección para cerrar los apartamentos turísticos ilegales.

Cabe recordar que la paralización se aprobó en el mes de mayo y tendrá una vigencia de un año, para poder regular los apartamentos turísticos en la ciudad, ya que en la actualidad no existe ninguna normativa municipal.

Desde Urbanismo ya se está trabajando en la normativa que impida la proliferación de apartamentos turísticos y «que definirá el tipo de turismo que quiere la ciudad de Valencia. Esto se une al desbloqueo de los planes urbanísticos de la ciudad que permitirán dotar de viviendas de protección oficial a la ciudad y, por tanto, hacer que bajen los precios de alquiler y compra de viviendas».

Tal como han repetido en las últimas semanas desde el gobierno de Catalá, «en tan sólo un año de gobierno, el Ayuntamiento de Valencia ha doblado el número de viviendas de alquiler a un precio asequible. De hecho, el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero, ha explicado estos días que «no se trata de previsiones, sino que esas viviendas están ya habitadas, como es el caso del edificio de Zafranar, que ya tiene inquilinos con alquiler asequible o la promoción de Malilla».

Además, en un tiempo récord, afirman, se ha puesto en marcha 1.000 viviendas que aumentarán considerablemente la oferta en la ciudad. «Un millar de viviendas en un año cuando el compromiso era ponerlas en marcha en cuatro años», recordó Caballero.

El Ayuntamiento también ha incrementado las ayudas al alquiler y ha desbloqueado la situación para poner en marcha 3 bolsas de suelo, en el Grao, Benimaclet y Benimàmet. En este sentido, lo ha calificado como «una gestión en vivienda inédita en toda España, venimos de un fracaso en la gestión de vivienda y ahora somos la ciudad que más está apostando por la vivienda pública».